Congreso local, imposibilitado para iniciar juicio político contra Alcántara

Aunque el diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Eduardo Alcántara Montiel carga con una sentencia firme por incurrir en violencia política de género, el Congreso de Puebla está imposibilitado legalmente para iniciar un juicio político en su contra.

Así lo informó la presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Mónica Silva Ruíz, al precisar que la legislación vigente no contempla la violencia política contra las mujeres en razón de género como un motivo para proceder con la destitución de algún diputado o diputada.

En entrevista este jueves, la legisladora del Partido del Trabajo (PT) celebró que la panista Erika de la Vega Gutiérrez lograra una resolución en su favor para obtener justicia, después de fue víctima de hostigamiento sexual por parte de Alcántara Montiel en el 2021.

Sin embargo, subrayó que el Poder Legislativo no cuenta con alguna orden expresa por parte de tribunales electorales para emprender acciones contra Eduardo Alcántara, de modo que puede continuar en su curul y concluir su periodo hasta el 14 de septiembre de 2024.

Afirmó que el tema fue analizado durante los últimos días por su equipo jurídico, llegando a la conclusión de que la Constitución Política del Estado no contempla la violencia política de género como una causal para efectuar la destitución de legisladores poblanos.

En ese entendido, aclaró que ni Alcántara Montiel está obligado a separarse del cargo, ni el Congreso local puede proceder legalmente; por lo que –dijo– únicamente quedaría bajo el criterio moral y congruencia del diputado panista si debería continuar, o no, en funciones.

“La congruencia de cada una y de cada uno de nosotros dependerá de lo que su conciencia le pueda dictar a mi compañero diputado. Lo que sí puedo decirles es que él no está obligado, ni nosotros como Congreso estamos obligados a iniciarle algún tema para poder sacarlo del cargo que hoy mismo desempeña”, expresó.

Silva Ruíz dejó abierta la posibilidad de realizar posibles reformas a la legislación actual, a fin de evitar que violentadores de mujeres permanezcan en cargos públicos a pesar de contar con sentencias en firme; no obstante, indicó que el tema debe estudiarse a profundidad.

El 26 abril, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró improcedente la impugnación de Eduardo Alcántara para librar la sentencia por incurrir en violencia política de género en agravio de Erika de la Vega, en el marco del proceso electoral de 2021.

Como parte de las sanciones que le fueron impuestas, se ordenó su inscripción por 3 años en el registro nacional de agresores; garantizar la reparación del daño hacia la víctima; ofrecerle una disculpa pública; así como tomar un curso de sensibilización de género.