Claudia Bolaños
El gobierno federal, a través de la presidenta Claudia Sheinbaum, explicó que la propuesta de reforma constitucional para trasladar la elección del Poder Judicial a 2028 se sustenta principalmente en criterios de viabilidad operativa, participación ciudadana y organización electoral, más allá del costo señalado por el Instituto Nacional Electoral.
Entre los elementos considerados destaca la complejidad de la jornada electoral de 2027, en la que se prevé la renovación simultánea de múltiples cargos, dijo.
En su conferencia mañanera de este lunes, explicó que en 2027 se dará la elección de gubernaturas en 17 entidades, además de la totalidad de la Cámara de Diputados, así como congresos locales y presidencias municipales en la mayoría del país, lo que configura un proceso electoral de gran magnitud.
A este escenario se suma la particularidad de la elección judicial, en la que no participan partidos políticos, lo que implica una logística distinta.
El INE advirtió que las casillas para este proceso tendrían que instalarse en espacios separados, obligando a los ciudadanos a trasladarse entre distintos puntos para emitir su voto, lo que podría inhibir la participación.
Como antecedente, se mencionó la experiencia de elecciones concurrentes en Veracruz y Durango, donde parte del electorado acudió a votar a una casilla, pero no completó el proceso en la otra, lo que evidenció dificultades prácticas en la organización simultánea de comicios distintos.
Ante este contexto, se planteó concentrar en 2027 las elecciones del Poder Ejecutivo y Legislativo, tanto a nivel federal como local, y trasladar la elección judicial a 2028, con el objetivo de facilitar la participación ciudadana y mejorar la operatividad del proceso.
Asimismo, se prevé que ejercicios como la revocación de mandato puedan organizarse de manera concurrente para evitar duplicidad de esfuerzos institucionales.
En cuanto a la ruta legislativa, la consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, dijo que la iniciativa será enviada este mismo día a la Cámara de Diputados, donde será recibida por la Comisión Permanente para iniciar su trámite. Se prevé que el Congreso de la Unión convoque a un periodo extraordinario para su análisis en comisiones y posterior votación en el pleno. De ser aprobada, pasará al Senado y posteriormente a los congresos estatales, ya que se trata de una reforma constitucional que requiere el aval de la mayoría de las legislaturas locales.
El proyecto contempla un plazo de 60 días para que las entidades federativas adecuen sus constituciones locales conforme a los cambios propuestos, además de la modificación de leyes secundarias a nivel federal para armonizar el nuevo esquema electoral.