Barbosa y La Resurrección: la tierra de la discordia

Por: Ignacio Juárez Galindo

I

En los pueblos de capital poblana y el territorio estatal hay conflictos que parecen que no existen, pero son tan letales como el mercurio.

Como ese líquido tóxico contaminan todo: familias, núcleos ejidales, a la comunidad; a los creyentes contra los párrocos; a los alcaldes auxiliares con su gente, a los ciudadanos con sus autoridades.

Y la mayoría de esos problemas tienen que ver con algo sagrado para los campesinos: la tierra.

Esos problemas son los que durante años habían sido considerados como “menores” por las autoridades morenovallistas, acostumbrados a imponer un proyecto antes de escuchar al pueblo, en una especie de despotismo ilustrado.

Expropiación. Esa era la palabra común en la boca de los yuppies que arribaron al poder. La frase era una: “Por la buena, adelante. Por la mala, mejor”

Ayer, cientos de campesinos de la junta auxiliar de La Resurrección, ubicada al nororiente de la capital, se cansaron de esperar y de que el mercurio, llamado conflicto por la tierra, siga dañando a la comunidad.

No tuvieron de otra que juntarse, “bajar del pueblo” e ir con la autoridad.

Una autoridad que saben que cada martes atiende personalmente a quienes le piden cita o acuden a Casa Aguayo para exponer su caso.

Y así lo hicieron.

En sus gritos afuera de Casa Aguayo se concentraban tres años de omisiones, de ser ignorados, invisibilizados.

De sus voces brotaban mil 95 días de conflicto, pero también de impotencia.

Y la respuesta que tuvieron fue a un gobernador que salió personalmente a atenderlos. A recibir en su propia cara gritos de tres años contenidos en busca de justicia.

A la protesta, a la queja, le siguió lo que debió hacerse desde hace tres años.

Micrófono en mano, Luis Miguel Barbosa Huerta pronunció las palabras que durante 36 meses esperaron los campesinos: Vamos a escucharlos, vamos a resolver el problema, analizaremos el caso.

Y la palabra expropiación volvió a aparecer en voz de la autoridad. Pero esta vez en sentido inverso al que los pueblos conocieron durante casi 10 años de morenovallismo. “Si detectamos alguna irregularidad vamos a proceder a la expropiación de los terrenos a favor de la comunidad”.

La frase fue sellada con otra afirmación: “Estamos para atender a la gente, para eso es mi gobierno”.

Y así fue.

Una comisión de ejidatarios entró a Casa Aguayo -en donde se llevaban a cabo las Jornada de Atención Ciudadana- y se sentó en una mesa larga, tan larga como el tiempo de su espera para ser escuchados. La diferencia fue que en uno de los costados del mueble estaba sentado el segundo hombre más importante del gobierno del estado para atenderlos.

El día que comenzó en busca de justicia y hacerse oír, transitó en una mesa de diálogo. La tierra, el conflicto con ella, 170 hectáreas en disputa, de la que comen 455 familias que producen maíz, estaba, por fin, en la mesa donde debía atenderse.

II

El conflicto por la tenencia de la tierra surge, como todos los problemas de este tipo, por dos cosas: ambición y coraje.

Ambición de ganar millones en fraccionamientos de lujo a costa del campo. Y el coraje de los campesinos por el despojo.

Por lo regular, a los desarrolladores inmobiliarios, a los coyotes, a los funcionarios, se les olvida que la historia está registrada en unos papeles que cada campesino guarda, muchas veces, en una mica azul que se coloca en donde van los documentos importantes.

En el caso de La Resurrección es lo mismo. En el pueblo hay 455 familias que desde 1929 han guardado, generación tras generación, el título de propiedad que los hace dueños de un pedazo del mundo. Un cacho de tierra que les da de comer, vestir y subsistir.

La repartición de esas tierras tuvo, además, un objetivo comunitario: allí fue donde se instruyó que se edificara el panteón de la comunidad.

Es decir, se dispuso de la tierra que da de comer y de la tierra que da el descanso.

Las cosas funcionaron bien durante décadas hasta que un buen día apareció en el pueblo un señor que dijo llamarse Carlos Juárez Camacho y mostró un papel en el que decía que era el auténtico propietario de las 170 hectáreas.

Pero, ahí no fue cuando comenzaron los problemas.

Estos comenzaron en unas oficinas públicas en donde convergieron sindicato y autoridades. En otras palabras, en el acuerdo de expropiar terrenos en ese lugar para construir viviendas para los trabajadores de la educación.

Así, todo vino junto con pegado, como dirían en los pueblos.

Aunque, en realidad, podría decirse que todo comenzó con Carlos Salinas de Gortari. Al extinguir el ejido, los comisariados cambiaron su esencia. Seguían siendo ejido, pero cada ejidatario era libre de vender su pedazo de tierra a quien mejor le conviniera.

Por eso hay 455 propietarios, 455 títulos de propiedad que están en disputa en contra de un solo título de un señor que dice llamarse Carlos Juárez Camacho.

Como era de esperarse, el mercurio fue sembrado en el pueblo. Y una cosa llevó a la otra.

El comisariado ejidal se reunió. Los campesinos -algunos jóvenes que heredaron la tierra a manos de sus padres y éstos, a su vez, la recibieron de los abuelos- se congregaron para trazar la hoja de ruta.

Y en ese momento fue cuando aparecieron los abogadosieron los abogados.

En septiembre del año pasado, los ejidatarios ganaron un amparo que los reconocía como los auténticos propietarios.

Y ahí siguen. A la espera que sean reconocidos.

III

En toda historia de pleito por tierra nunca falta un funcionario menor encargado de operar toda la triquiñuela y una empresa.

En el caso de La Resurrección, los pobladores tienen un nombre para el servidor público: María Luisa Sánchez De Ita. ¿Su cargo? Directora del Registro Catatastral del Municipio de Puebla.

María Luisa, denuncian los pobladores, ha estado en el cargo desde hace 10 años. ¿Es verdad? No hay forma de comprobarlo.

Pero para los ejidatarios ella es la culpable de que las 170 hectáreas se registraran a nombre del señor que dice llamarse Carlos Juárez Camacho.

Su nombre aparece en el fallo del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil que ordenó, en septiembre de 2019, al síndico de Puebla, en ese entonces Gonzalo Castillo, y a la directora de Catastro Municipal, María Luisa Sánchez de Ita, reconocer a los 455 pobladores como los auténticos propietarios.

¿Y la empresa? Los ejidatarios tienen un dato: Inmobiliaria Financiera 1 SA de CV. (Rápida búsqueda en Google: Sin resultados)

IV

El coraje por sentirse despojados de su tierra llevo a las 455 familias a un peregrinar jurídico, social y de lucha por mil 95 días.

Fueron meses de juntar dinero para pagar los servicios del abogado, para pagar las copias del expediente; de gastar en el traslado a los tribunales; de ir y venir y escuchar la consabida frase: “la próxima semana sale su caso”.

Como el mercurio, el coraje de los pobladores comenzó a roer el alma de los perjudicados. La movilización, la lucha, la esperanza en un fallo en los tribunales, la aparición de algunos vetustos líderes plenamente reconocidos -que antes eran del PRD y ahora son de Morena- los hizo desviar ese coraje a otra parte.

Pero el coraje es canijo.

Y coraje también cansa.

Por eso, los ejidatarios decidieron “bajar del pueblo” e ir a Casa Aguayo a bordo de sus tractores y portando sus machetes.

Y es que en mil 95 días han tocado la puerta de las diferentes administraciones municipales, en donde todos les piden dialogar y dialogar, pero nada de comprometerse a solucionar el problema.

Ese coraje es el mismo que les hizo elaborar un ataúd de cartón que fue coronado con el nombre del señor que dice llamarse Carlos Juárez Camacho.

Como el mercurio, el coraje también hace que los pensamiento se hinchen de rabia y las palabras sean duras.

“Qué vamos a hacer, quieren llevarse el panteón. ¿A dónde vamos a enterrar a nuestros muertos? ¿En Casa Aguayo?”.

Y el coraje también está acompañado de amenazas. Los ejidatarios volvieron a encontrar a varios hombres haciendo trazos en las hectáreas de la discordia. Eso fue la semana pasada. Con machetes en mano, les dieron alcance y los expulsaron de la comunidad.

“Antes digan que no los linchamos.

Pero si los volvemos a ver, ahora si nos los echamos”.

VI

Miguel Barbosa sabe lo que es el mercurio que se riega por los pueblos a causa de la tierra.

Como abogado, cuando todavía no era el animal político que es ahora, en Tehuacán le tocó llevar varios casos parecidos. Él mismo tuvo que litigar porque a su familia querían quitarle sus tierras.

Por eso, a Barbosa no le sorprende ni le resta encarar a cientos de campesinos, con machetes en mano, exigiendo justicia; exigiendo que el mercurio que sembró el señor que dijo llamarse Carlos Juárez Camacho, la inmobiliaria Financiera 1, la funcionaria Sánchez de Ita y la larga lista de servidores que han conocido y evadido el problema, sea extirpado de una vez por todas en la comunidad.

Luis Miguel Barbosa sabe que ese mercurio es el que pega hondo en el México bronco.

Por esos sus palabras:

“El despojo de tierras en La Resurrección es un problema que dejaron crecer pasadas administraciones municipales y estatales, dado que se negaron a intervenir en cuanto iniciaron las denuncias.

Si es necesario acudir a la expropiación, acudiremos a la expropiación. Vamos hacer que la tierra se respete para quienes son sus legítimos ocupantes".

La inoculación del mercurio está en marcha.