Por Vera Fernández
El gobernador Alejandro Armenta Mier envió al Congreso del Estado un paquete de reformas constitucionales para anular elecciones por intervención extranjera en Puebla y aplazar la elección judicial local hasta el 2028.
Las iniciativas fueron remitidas por el coordinador de gabinete, José Luis García Parra, con el objetivo de homologar las recientes reformas a la Constitución Política de México, previamente aprobadas por el Congreso de la Unión.
Una de las propuestas plantea modificaciones a la Constitución Política del Estado de Puebla, con la finalidad de incluir la intervención extranjera como una causal directa para declarar la nulidad de una elección local.
El documento recuerda que las causales de nulidad de votación en casillas y de elecciones en Puebla se configuran por violaciones graves, dolosas y determinantes.
Con esta adición, la intervención extranjera se suma al catálogo de conductas graves que ya invalidan un triunfo electoral en Puebla.
Entre las causales vigentes se encuentra que el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado.
Además recibir o utilizar recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas electorales.
Armenta propone aplazar elección judicial hasta el 2028
En tanto, la segunda iniciativa propone que la jornada electoral en Puebla se lleve a cabo hasta el primer domingo de junio de 2028.
La fecha difiere con las reformas aprobadas a nivel federal, las cuales establecen que la elección judicial se realizará el primer domingo de junio de 2027.
Esta primera elección judicial en el estado servirá para elegir mediante el voto popular a:
- Magistrados del Tribunal Superior de Justicia.
- Integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial.
- Jueces de primera instancia.
Se precisa que, a lo largo de 2027 se desarrollarán las etapas para la integración de las candidaturas.
Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial conformarán Comités de Evaluación para revisar los perfiles de los aspirantes, quienes deberán acreditar experiencia jurídica, presentar cartas de recomendación y un ensayo expositivo.
Los actuales jueces y magistrados podrán participar automáticamente en la contienda si así lo deciden; de no resultar electos, concluirán funciones una vez que entren los nuevos juzgadores.
Los partidos políticos tendrán estrictamente prohibido intervenir en la promoción de candidaturas.
Las campañas durarán 60 días bajo reglas específicas para evitar ventajas indebidas, y las boletas electorales incluirán la especialidad del aspirante y el poder que lo postuló.