Violencia obstétrica, olvidada en Derechos Humanos

Entre 2015 y 2020, en la entidad poblana se han interpuesto 16 quejas ante la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla por violencia obstétrica, pero sólo en cuatro se han emitido recomendaciones, de acuerdo con el informe Justicia Olvidada, elaborado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).

A pesar de que es considerado un delito en Puebla, en este lapso no se han presentado quejas ante las comisiones de arbitraje médico, situación que atribuyen a que hay una falta de sistematización de los casos, por lo que dificulta su consulta y reporte.

En cuanto a las inconformidades por muerte materna, la CDH no respondió la solicitud de información de GIRE. Sobre la cantidad de personas que hayan enfrentado violencia obstétrica en la entidad, todavía se carece de información en el Registro Estatal de Atención a Víctimas.

Por tanto, también se desconoce si pudieron lograr acceder a la reparación del daño en los casos de violencia obstétrica.

Anita tenía 16 años cuando quedó embarazada, a las 37 semanas de gestación, comenzó a sentirse mal y acudió al Hospital Comunitario de Huehuetla. Era 2 de agosto de 2018, una doctora le dijo a ella y su madre que todavía faltaba tiempo y que debía caminar, así lo hizo hasta la madrugada fuera del hospital, pero las molestias incrementaron.

Ambas volvieron al hospital por la madrugada, esta vez sí las atendieron y llevaron a la adolescente a la sala de expulsión, donde se complicó el parto.

La familia de Anita ya no recibió más información, eran las 8 horas del 3 de agosto, cuando la doctora les dijo que había fallecido, que “no había puesto de su voluntad” y que no habían sacado al bebé, porque se dieron cuenta que no lo quería.

Les entregaron los cuerpos por separado, por lo que los deudos presentaron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de Puebla; el expediente sigue en trámite.

En el informe se explica que una de las razones por las cuales el proceso de Anita se ha vuelto más lento fue por la pandemia de Covid-19.

GIRE advierte que el acceso a la justicia no se debe limitar a la sanción penal, sino a la obtención de una reparación integral.

A esto se suma que presentar una queja ante las CDH lleva mucho tiempo, sólo para recibir una respuesta de si se inicia o no un expediente, el proceso tarda entre dos y tres meses.

Por otra parte, señalan que a pesar de que la entidad tiene 217 municipios sólo tiene seis oficinas de derechos humanos, lo que dificulta el acceso económico y geográfico para las víctimas y sus familiares.

Entre las manifestaciones más frecuentes de violencia obstétrica se consideran los gritos y regaños, retraso en la atención por gritos o quejas de la usuaria, cuando es ignorada, cuando es presionada para aceptar un método anticonceptivo o esterilización, posiciones incómodas, ofensas, anestesia denegada, esterilización involuntaria, firma involuntaria de papeles, cuando es aislada de su bebé por más de cinco horas.