Un buen gobierno, clave para superar emergencias

Miguel Barbosa Huerta cumple tres años como gobernador de Puebla, cargo que asumió desde el pasado 1 de agosto de 2019, durante este periodo ha enfrentado diversas emergencias ante las que su administración ha mostrado una enorme capacidad para atenderlas y resolverlas.

Unos meses después de haber iniciado su gestión, en la ciudad de Wuhan, China, se alertó del brote de una nueva enfermedad que se denominó Covid-19, su expansión llegó rápidamente a niveles alarmantes, por lo que el 11 de febrero de 2020 fue catalogada como una pandemia.

En el estado de Puebla se confirmó el primer caso el 9 de marzo de ese año, a la fecha se han enfrentado cinco oledas de la pandemia, sin que en ninguna de ellas la capacidad hospitalaria fuera rebasada, como ocurrió en otras entidades.

Para mitigar la trasmisión del virus y proporcionar atención oportuna, el jefe del Ejecutivo estatal emitió varios decretos, algunos contraponiéndose a la línea de la Federación, como el uso obligatorio de cubrebocas, lo cual permitió que el número de contagios y mortalidad fueran menores, considerando la densidad poblacional de Puebla.

Por las acciones realizadas en la entidad, la Secretaría de Salud de Puebla fue reconocida como ejemplo nacional, destacando su capacidad de reconversión de hospitales, la habilitación del Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes para que opere como un Centro Penitenciario para Aislamiento Covid-19 y la creación del Centro Estatal de Rehabilitación Integral para las Enfermedades Respiratorias (CERIER) para la atención de pacientes con secuelas.

El 2021 fue un año complejo, inició con la segunda ola de la pandemia, la más fuerte hasta ahora, pero también la naturaleza hizo muestra de su impredecible fuerza, la mañana del 29 de mayo, los habitantes de la comunidad de Santa María Zacatepec, en el municipio de Juan C. Bonilla, fueron sorprendidos por un estremecimiento en la tierra, en medio de los terrenos de cultivo apareció un enorme socavón.

En un principio el hundimiento tenía no más de cinco metros de diámetro, pero en 24 horas creció hasta los 30 metros y días después superó los 100 metros de diámetro y hasta 56 metros de profundidad, de inmediato se conformó una comisión intersecretarial para atender dicho fenómeno, se establecieron convenios para analizar sus causas y prevenir otros daños.

Asimismo, el gobernador Miguel Barbosa aseguró que su administración indemnizaría a la familia Sánchez Xalamihua, cuya vivienda y terreno fueron tragados por el socavón; así como a propietarios de terrenos de cultivo que estuvieran dentro del perímetro de seguridad, pues ya no los volverían a utilizar.

Incluso el mandatario se trasladó hasta el punto donde se formó el socavón para dar un informe sobre sus causas y riesgos, así como para entrevistarse con los campesinos afectados; ese mismo día –10 de junio– elementos de Protección Civil y Bomberos del Estado lograron el rescate de los perritos Spay y Spike.

Ambos canes cayeron al socavón el 7 de junio, sus imágenes captadas por un dron se viralizaron en redes sociales, por lo que organizaciones animalistas pidieron a la autoridades su rescate, lo cual fue analizado por el gobierno de Puebla, pues lo que menos se quería era poner en riesgo vidas humanas ante la inestabilidad del hundimiento.

Casi un año después del surgimiento del socavón, se entregó a los afectados una nueva casa de 120 metros cuadrados de construcción que incluye tres recámaras, dos baños completos, terraza, sala, comedor y cocina.

La selección, ubicación del terreno y los trámites demoraron el inicio de la obra que tuvo una inversión de 869 mil 834 pesos, ya que el terreno fue donado por el Ayuntamiento de Juan C. Bonilla.

Antes de terminar el año, San Pablo Xochimehuacan vivió uno de los momentos más tristes, una toma clandestina de gas explotó la madrugada del 31 de octubre, dejando varias casas derrumbadas y lesionados.

El gobernador Miguel Barbosa Huerta manifestó su repudió a quienes provocaron la tragedia y advirtió que todo el peso de la Ley se aplicaría a los responsables y que no habría impunidad, hasta ahora han sido detenidos siete sujetos relacionado con la manipulación de una toma clandestina que ocasionó la combustión de gas LP, entre ellos José Agustín N., quien sería el líder de la banda.

A casi 10 meses de la explosión, están por entregarse las 22 viviendas que el gobierno reconstruyó a los damnificados en un predio de “El Batán”, ya que era necesaria su reubicación debido a que habitaban en zonas prohibidas.

La explosión cobró la vida de cinco personas: Pedro, de 43 años; Praxedis, de 62 años; Andrea, de 17 años; y Azucena, de 43 años; quienes fallecieron en los hospitales donde les eran atendidas sus lesiones por quemaduras; mientras que Abimael, de 32 años, murió en el lugar de los hechos, a cuyas familias la administración estatal indemnizó.