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Un tribunal colegiado en materia penal avaló la suspensión provisional que protege al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, quien enfrenta cargos penales y se encuentra prófugo. Esta medida detiene temporalmente cualquier orden de captura, detención o comparecencia emitida en su contra.
Durante una sesión urgente celebrada este martes de forma remota, el Sexto Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de México declaró infundado el recurso de queja promovido por la Fiscalía General de la República (FGR). La FGR impugnó la decisión de la jueza Sindy Ortiz Castillo, del Juzgado Décimo Quinto de Distrito, quien el pasado 20 de mayo otorgó la suspensión provisional a Silvano Aureoles.
Los magistrados informaron que el Ministerio Público solicitó cancelar la suspensión argumentando que ya existía una definitiva otorgada por otro juzgado. Sin embargo, Isabel Porras Odriozola, presidenta del colegiado, indicó que no se pudo acreditar que ambas suspensiones correspondan al mismo acto jurídico conocido previamente por la jueza Jovita Vargas Alarcón del Juzgado Noveno de Distrito.
“Aquí realmente el Ministerio Público busca que se declare sin materia el incidente de suspensión, porque ya existe una suspensión definitiva otorgada, pero no tenemos aquí, en el expediente, la certeza que realmente se trata de otro acto”.
El político michoacano presentó un nuevo juicio de amparo el 19 de mayo ante el Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Penal, dirigido contra Luis Alcántara Benítez, juez del Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Federal en el Reclusorio Sur. No obstante, en la demanda aparece su nombre testado con asteriscos, según registros judiciales.
La jueza Sindy Ortiz Castillo fijó una garantía de 27 mil pesos para hacer efectiva la suspensión provisional. Además, programó la audiencia constitucional para el 18 de junio a las 10:50 horas, donde definirá si concede la suspensión definitiva al exgobernador.
En paralelo, la jueza Jovita Vargas Alarcón notificó a la FGR que la suspensión definitiva previa quedó sin efecto, lo que permite a las autoridades ejecutar la orden de aprehensión contra Silvano Aureoles, quien enfrenta acusaciones por peculado, lavado de dinero, asociación delictuosa y administración fraudulenta. Estos cargos derivan de un presunto desfalco de 3 mil 412 millones de pesos relacionado con la compra a sobreprecio de cuarteles para la Guardia Civil.
Imagen: Cuartoscuro