Por Guadalupe Juárez
Trabajadores afectados por la desaparición de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje federal 33 promovieron amparos contra el decreto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, sin embargo, los jueces de distrito se consideran incompetentes y algunos determinan que los asuntos sean llevados a Tlaxcala para fortalecerlo.
Así lo denunciaron integrantes del Colegio de Abogados por el Verdadero Estado de Derecho, al considerar que es un agravio contra los trabajadores que luchan por sus derechos.
En conferencia de prensa, Jorge Sosa Pérez, subcoordinador de enlace con las organizaciones de la sociedad civil del equipo de transición del gobernador electo Alejandro Armenta Mier, lamentó que este tipo de acciones de los juzgadores fortalezcan el decreto para eliminar la Junta Especial.
“Están violentando los derechos de los trabajadores, la Ley Laboral, el artículo 107 fracción VII de la Constitución y no podemos permitirlo”, sostuvo.
Sosa Pérez insistió que es ilegal que se declaren incompetentes, ya que viola un derecho humano; mientras que al enviar los asuntos en ejecución a Tlaxcala –aunque está más cerca que Oaxaca, como se estableció en el decreto— los juzgadores no aplican la ley y la maquillan.
Aunque consideró como una acción positiva que no se permita llevarse la documentación de la junta 33 en Puebla, la STPS tiene que emitir un segundo decreto donde deja sin efecto el anterior para garantizar que se resuelvan los asuntos en el estado y no en otros.
Recordó que son más de 10 mil expedientes que se encuentran en esta Junta Federal, los cuales se tienen que resolver en el estado.