Tiraditos

“Esa regadera no la tiene ni Obama”, bromeaban los internautas tras revelarse las fotografías de la corrupción dentro del penal de San Miguel (baños con regaderas finas, refrigeradores bien surtidos, camas, salas, tiendas de ropa, abarrotes, estética, farmacia y privados para encuentros sexuales).

Tres ex secretarios de Seguridad Pública habrían alentado “el pueblito” conformado por 104 locales que dejaban al mes ganancias de 12 millones de pesos.

El actual titular Daniel Cruz Luna ha ejecutado a cabalidad la orden del gobernador de acabar con los privilegios de los internos, en aras de recuperar el control del penal.

En su fallido papel de víctima, Ignacio Mier Velazco descubrió la forma de hacer otro ridículo.

Con excepción del círculo rojo que conoce su polémica reputación, entre los poblanos nadie, absolutamente nadie lo identifica ni siquiera como diputado federal.

Es tan bajo su perfil público que decidió lanzar un video en redes sociales colgándose de la imagen de AMLO y su devoción por los libros.

El que según “ni se aflojaba, ni se afligía” anda más desorientado que una brújula descompuesta.

No le bastó a Claudia Rivera haber dejado patrullas desmanteladas y un cochinero en todas las áreas de su gestión municipal. Insaciable, ganosa de querer llamar la atención, ahora abandera la voz de los desfavorecidos que no conoce ni la conocen para protestar por el nuevo factor en las tarifas de agua potable que benefician a propietarios y comerciantes por igual.

¿Cuándo en Puebla nos vamos a librar de los deseos más profundos y obsesiones más retorcidas de la camarada ex presidenta municipal?

Ahora que el gobernador Miguel Barbosa dejó entrever que no hay denuncias contra el gobierno de Claudia Rivera porque quizá encontraron “todo limpiecito”, en la Contraloría Municipal se preguntan si la titular Alejandra Escandón debe enfocarse mejor en este tema de su competencia.

Quienes han visto a la Contralora en oficinas municipales llevando pláticas motivacionales sobre los valores en el servicio público, consideran que sería de mayor provecho que ayude a la Auditoría Superior del Estado (ASE) a investigar la presunta corrupción que heredó la señora Rivera para que ningún acto quede impune.

Donde las cosas no van nada bien es en el Ingenio de Calipam que suspendió a 250 obreros por falta de solvencia económica.

Las instalaciones del ingenio azucarero habían sido tomadas del 8 al 21 de junio pasado por un grupo de productores que exigen el pago de la caña entregada en la zafra de 2021.

Lo cierto es que el Grupo García González no le cumple ni a los cañeros ni a los trabajadores.