Tiraditos

El Congreso del Estado tendrá días de mucho estrés previo a las fiestas decembrinas con el desahogo de varios temas de agenda. Uno de los asuntos prioritarios es la definición de la nueva ruta para elegir y/o en su caso destituir al Auditor Superior del Estado.

Aunque el auditor Francisco Romero Serrano está nervioso ante su posible salida – como suena desde hace semanas en el radio pasillo– él más que nadie sabe que la ley no es retroactiva, pero hay diputados que no pasan por alto el descontento con su desempeño profesional y apuestan a que en el ocaso del año o principios del próximo estará presentando su renuncia.

Debido a que la Auditoría Superior del Estado es un órgano autónomo nadie podría despedirlo, pero la pérdida de la confianza del círculo rojo pone en vilo su continuidad. Y para muestra un botón: su inasistencia a la presentación de la Política Estatal Anticorrupción. Al buen entendedor pocas palabras.

El edil de Tecamachalco, Ignacio Mier Bañuelos tiene indignado a su municipio por el asesinato de los tres agentes ministeriales de la FGE que hoy tiene en la cárcel a su ex secretario de Seguridad, Alejandro N., y varios policías más.

El junior del diputado Nacho Mier busca corregir la plana con una estrategia de seguridad que no convence ni a sus allegados. En su intento por recuperar la confianza de los ciudadanos y mandar señales de buena fe al Gobierno del Estado alzó la voz contra la violencia.

El alcalde olvida que la violencia en el centro de Tecamachalco la noche del 20 de noviembre fue propiciada por su policía, esa misma que tenía la obligación de cuidar a su comunidad.

En Tecamachalco ¬–uno de los municipios azotados por las bandas del huachicol– se pulsa el enojo social con la creencia de que la ejecución de los agentes no fue "equivocación" y algo turbio se esconde detrás del caso.

Un mes ha transcurrido y todavía 150 familias enardecidas de San Pablo Xochimehuacán exigen la reconstrucción de sus inmuebles dañados por la explosión de una toma clandestina en un gasoducto de Pemex. Los pobladores han sido tajantes: no van a permitir que los reubiquen, exigen la reconstrucción exacta de sus inmuebles en el mismo sitio, con las mismas ventanas y con los mismos metros cuadrados que ocupaban un día antes de la tragedia.

Todos en Puebla sabemos que su petición es imposible, que no se puede construir en una zona federal, pero la duda acecha porque las 150 familias, sin excepción, se dicen “propietarios”. ¿Tendrán las escrituras de los inmuebles que habitaban un día antes de la tragedia? Si la respuesta es positiva, porque se dice que hasta juicios sucesorios intestamentarios existieron en la zona acordonada de Xochimehuacán, ¿quién fue el valiente notario público que se aventó el tirito de escriturar una casa habitación en zona de riesgo? Pronto lo sabremos.