El Gobierno de Claudia Sheinbaum dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma conocida como “supremacía constitucional” en la madrugada del 1 de noviembre, con el propósito de proteger los cambios constitucionales.
Esta reforma fue aprobada de manera expedita por 17 Congresos estatales, además de recibir el visto bueno del Congreso de la Unión.
La iniciativa, publicada a través de la Secretaría de Gobernación, incorpora un quinto párrafo al Artículo 105 de la Constitución, relativo a la inimpugnabilidad de las reformas y adiciones a la Constitución. El documento señala que “son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a esta Constitución”.
Asimismo, se modifica el inciso II del artículo 107, que prohíbe que se proceda a juicio de amparo contra dichas reformas. Esta reforma, firmada por la presidenta Sheinbaum, tiene como objetivo frenar la reforma al Poder Judicial.
La reforma de supremacía constitucional establece que las disposiciones de la Constitución prevalecerán sobre cualquier otra norma o resolución, incluso frente a acciones suspensivas del Poder Judicial.
Entre los cambios, se estipula que las controversias o acciones de inconstitucionalidad presentadas contra reformas a la Constitución no podrán detener su aplicación inmediata. También se establece que ni los cambios constitucionales aprobados por el Congreso ni los que están pendientes de discusión serán impugnables, lo que permitirá a la 4T avanzar sin obstáculos legales en el paquete de reformas presentado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en febrero.
El texto indica que “no procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a la Constitución”.
Los principales grupos empresariales de México han manifestado su inquietud por esta reforma y alertaron en un comunicado que la iniciativa “pone en riesgo las garantías fundamentales que han protegido a los ciudadanos durante décadas”. Además, advirtieron que “abre la puerta a decisiones del Congreso sin control judicial, debilitando así el sistema de contrapesos”.