Sufrió violencia obstétrica un tercio de mujeres en Puebla

Por: Mario Galeana

El 6 de septiembre de 2015, Angélica llegó al Hospital Integral de Pahuatlán del Valle por un parto prematuro.

Tenía 21 años y un embarazo de casi ocho meses. En el hospital, sin embargo, no había ginecólogo, anestesiólogo ni pediatra, y decidieron trasladarla al Hospital General de Huauchinango.

Pero cumplir la orden también fue imposible, porque tampoco había gasolina ni chofer para la ambulancia.

Los familiares de Angélica —cuyo nombre ha sido modificado para preservar su identidad— decidieron llevarla a otro estado, al Hospital General de Tulcingo, en Hidalgo, donde finalmente el bebé murió a causa de una atención tardía.

El caso de Angélica forma parte de una de las 10 recomendaciones por violencia obstétrica que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha emitido a la Secretaría de Salud del estado de Puebla entre los años 2012 y 2017.

En todo el país no había, hasta entonces, una secretaría local que hubiera recibido más recomendaciones por este tipo de violencia que engloba toda acción u omisión por parte del personal médico que dañe, lastime, denigre o cause la muerte a la mujer durante el embarazo, según la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia del Estado de Puebla.

Aunque el 34.7 por ciento de mujeres embarazadas sufrieron al menos un tipo de violencia obstétrica, de acuerdo con Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, estas conductas no suelen denunciarse.

De 2012 a 2017, en Puebla sólo se presentó una queja ante la Comisión Local de Arbitraje Médico por estas conductas y 35 más ante la CNDH acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).

Sin embargo, en su informe Justicia Reproductiva. La Pieza Faltante, el GIRE acota que la utilización de denuncias ante la CNDH no es una verdadera alternativa de protección jurídica para las mujeres, pues se limita la participación de las agraviadas durante la tramitación de la queja y no suelen considerarse sus peticiones al emitir recomendaciones para garantizar una reparación del daño.

“También es frecuente que las recomendaciones emitidas sean aceptadas por las autoridades, pero no se les brinde puntual seguimiento ni se recaben pruebas para su cumplimiento”, agrega la organización.

En el país, el 33.4 por ciento de las mujeres han asegurado haber sufrido violencia obstétrica. Entre las manifestaciones más comunes se encuentran recibir regaños por el personal médico (37 por ciento), ignorarlas (33 por ciento), presionarlas para aceptar un método anticonceptivo o esterilización (30 por ciento), ofenderlas (23 por ciento) o negarles anestesia (16 por ciento).

En un artículo titulado Maltrato Durante la Atención Obstétrica, los investigadores de la UNAM Roberto Castro y Sonia M. Frías detectaron, con base en datos de la Endireh, que Puebla era uno de los cuatro estados del país con más casos de imposición de prácticas autoritarias y anticoncepción y esterilización forzada.

Este tipo de métodos fueron más empleados en mujeres jóvenes, de 15 a 20 años, y en personas de nivel socioeconómico bajo o muy bajo, y pertenecientes a comunidades indígenas.

AMPLÍAN CONCEPTO DE VIOLENCIA OBSTÉTRICA

Son pocos los estados del país que incluyen en sus códigos penales sanciones para el personal médico que incurra en ese tipo de violencia. Sólo Aguascalientes, Estado de México, Guerrero, Veracruz, Chiapas y Quintana Roo los incluyen.

Pero, a decir del GIRE, la vía penal “individualiza el problema hacia personal médico y de enfermería, que frecuentemente desempeña su trabajo en condiciones que merman su capacidad y la calidad de la atención que brindan y difícilmente contribuirá a evitar prácticas de violencia obstétrica”.

En Puebla, el Congreso local aprobó recientemente una reforma a la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia del Estado de Puebla para ampliar la definición de la violencia a mujeres embarazadas.

La reforma señala que negar el acompañamiento de persona de confianza durante la prestación de los servicios médicos, siempre que la normatividad de control sanitario no lo prohíba, será considerado violencia de este tipo.

Asimismo, fotografiar o grabar cualquier procedimiento de atención médica sin que exista consentimiento del paciente, además de permitir el ingreso o intervención de personal no acreditado ni justificado.