Remunicipalización del agua divide al gobernador Barbosa y Claudia Rivera

Por Mario Galeana

La remunicipalización del agua, una de las promesas de campaña de los candidatos de Juntos Haremos Historia, ha abierto un nuevo frente entre el gobernador Miguel Barbosa Huerta y la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco.

De forma velada, el gobernador del estado aseguró que el tema se ha convertido en un “escudo” o “discurso” para las autoridades de la capital, que se encuentran en medio de una serie de críticas por un proyecto de obra pública en el Centro Histórico del cual, hasta ahora, ni siquiera el Cabildo posee copia.

“Que las autoridades vean la cosa de forma global, porque eso se llama gobernar. Cuidado con este tema del agua. Cuidado. Porque una ciudad como Puebla, que se quede sin agua por un día, es una ciudad que se va a volver incontrolable”, zanjó el mandatario en su conferencia de prensa de ayer.

En los últimos días, Rivera Vivanco y su círculo más cercano han presionado al Congreso local para que resuelva la iniciativa que presentó en febrero del año pasado para anular la concesión del servicio que se otorgó en los días del morenovallismo a la empresa Agua de Puebla para Todos.

Pero no hay garantías, por ahora, de que el gobierno de la capital pueda asumir en su totalidad la administración de este servicio. Un servicio que, por si fuera poco, no se dota de forma exclusiva en la capital, sino que incluye a varios municipios de la zona conurbada.

“Debe ser un planteamiento integral”, argumentó Barbosa Huerta. “No se trata solamente de quién operaría el servicio, sino de cómo resolvemos el problema de agua potable en Puebla. Porque (la empresa) Agua de Puebla (Para Todos), que absorbió parte del Soapap, atiende el ámbito territorial, y ahí no están juntas auxiliares de Puebla, ni muchas otras colonias muy lejanas”.

En su solicitud al Congreso local, la alcaldesa también ha omitido el complejo entramado legal con el cual el gobierno estatal anterior y la propia empresa aseguraron la concesión del servicio durante los siguientes 24 años.

Según Barbosa Huerta, algunas cláusulas del contrato establecen la posibilidad de que éste se dirima en tribunales internacionales, bajo el riesgo de que el gobierno local termine erogando una cuantiosa indemnización a la empresa por incumplimiento de contrato.

“Entonces, el asunto del agua es un asunto para resolverlo de manera conjunta. Podemos tomar decisiones, pero tenemos que asegurar que al día siguiente de que la decisión fuera tomada, en todo ese ámbito territorial habría agua (…) Yo estoy a favor de que los poblanos tengan agua potable. Pero debemos actuar con responsabilidad”, advirtió.

REMUNICIPALIZACIÓN, A DEBATE

Cuando Rivera Vivanco solicitó al Congreso local y al Cabildo de Puebla la remunicipalización del agua, entre la oposición, incluidos algunos regidores de Morena, hubo una duda que aún se mantiene en el aire: ¿podría el Ayuntamiento realmente sustituir a la empresa y administrar el servicio?

La panista Augusta Díaz de Rivera aseguró que era improbable, por decir lo menos. Y que, incluso, la anulación del contrato podría generar al gobierno del estado una cuantiosa cantidad de recursos por las cláusulas establecidas en el documento.

Agua de Puebla, mientras tanto, consideró que el exhorto del Ayuntamiento de Puebla era una “cortina de humo para ocultar otras deficiencias o fallas mediante medidas precipitadas que buscan cumplir promesas de campaña y plataformas políticas en perjuicio de los usuarios”.

Por su cuenta, la presidenta municipal de Puebla dijo que por lo menos 51 localidades y colonias de la capital no contaban con suministro de red de agua potable, entre éstas, San Miguel Canoa, San Miguel Espejo, Azumiatla, San Pedro Zacachimalpa, Ignacio Romero Vargas, Xacxamayo y Bosques de San Sebastián.