Claudia Bolaños
La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña, se refirió a la necesidad de una Reforma Judicial pero con base en un análisis profundo, en el que prevalezca su independencia, con el objetivo de ser contrapeso al poder descontrolado y que amenace los derechos humanos.
Pero “si nuestro sistema de justicia no cuenta con cimientos sólidos, no importa cuántas modificaciones se implementen, la estructura eventualmente cederá”, advirtió.
Al ser reconocida por la Asociación Internacional de Abogados (IBA) por su defensa de la independencia del Poder Judicial y el Estado de Derecho en México, agradeció el mismo, y señaló que éste debe ser para los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) y su lucha de los últimos días (ante la reforma judicial)-.
“(A) todas las personas servidoras públicas integrantes del Poder Judicial de la Federación que en estos momentos cruciales que habrán de delinear el futuro de México, han actuado con la mayor entereza”, indicó.
Señaló que en una reforma de tal calado, hace falta no sólo las leyes, sino que prevalezca varios valores, como la ética y la dignidad en los servidores públicos que componen los tres órdenes de gobierno.
“Personalmente, y asumiendo la enorme responsabilidad de ser la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, he sostenido, una y otra vez, y con el mayor énfasis posible en fechas recientes, que la justicia no es solo una cuestión de leyes y tribunales; la justicia es una cuestión de derechos humanos, de equidad, de ética y de dignidad que involucra a todas las autoridades de los distintos niveles de gobierno”.
El Poder Judicial es una piedra angular para la paz y la cohesión, subrayó.
“La justicia no es un monopolio del Poder Judicial, reformar al Poder Judicial implica, como mínimo, reflexionar sobre el papel que desempeña como piedra angular para mantener la paz y la cohesión, al resolver de manera imparcial e independiente los conflictos que surgen en toda sociedad democrática”.
Sostuvo que ella misma reconoce que se necesita una reforma, pero una integral, que fortalezca a todo el sistema de justicia y a sus actores clave, a fin de brindar un mejor servicio a la sociedad, de forma pronta y expedita.
Reiteró la necesidad de que la independencia judicial, como patrimonio de la humanidad, está directamente vinculada con la esencia misma del carácter constitucional de las sociedades democráticas. “La independencia y la responsabilidad de las y los jueces son elementos fundamentales para fomentar y mantener la confianza de la sociedad en la judicatura. La democracia constitucional implica gobernar una comunidad de ciudadanos en libertad; es un todo de mayorías y de minorías que debe garantizar los derechos fundamentales, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos del ser humano”.
Señaló que el PJF prevalecerá fiel fieles a sus convicciones, y seguir trabajando por la independencia y autonomía de este Poder del Estado, y garantizar el acceso a una justicia pronta, completa e imparcial es un derecho de todas las personas: millones de ellas hoy están esperando que se resuelvan sus conflictos, mediante sentencias que involucran lo que es importante para sus proyectos de vida; vivir con dignidad, con libertad, con plena confianza en que la justicia está y debe estar a su servicio, al margen de los más perniciosos vaivenes.
La también presidenta del Consejo de la Judicatura señaló que hay diversas posturas que deben ser escuchadas ante la importancia de esta reforma.
“En las últimas semanas, hemos sido testigos de un amplio y diverso abanico de pronunciamientos, tanto a nivel nacional como internacional, en torno a las implicaciones y repercusiones de la reforma judicial. Estas voces, provenientes de distintos sectores y con diferentes perspectivas, han enriquecido el debate público, subrayando la trascendencia de este proceso y la necesidad de un análisis profundo sobre el impacto de la reforma en la impartición de justicia y, sobre todo, en los derechos de las personas.
En su discurso, este 15 de septiembre, la ministra presidenta señaló la necesidad de que haya contrapesos en el país, para protección de los derechos humanos, como lo han señalado diversas voces.
“Se ha dicho que los derechos humanos están en riesgo permanente cuando el poder no puede ser contenido, frenado y controlado; que uno de los propósitos de un Poder Judicial independiente es proteger los derechos humanos y ser un contrapeso al poder que podría amenazar tales derechos. Se ha oído, que en toda democracia, el camino para fortalecer el Estado de derecho debe ser evaluado, debatido y enriquecido, y que cuando múltiples voces se alzan en un coro de advertencias, es prudente poner atención”.
La elección de jueces que contempla la reforma judicial, publicada este mismo domingo, en el Diario Oficial de la Federación, va en contra de compromisos internacionales, y no garantiza los mejores perfiles, señaló.
“Se ha dicho también, que la reforma judicial, al establecer la elección en urnas de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte, violenta e incumple compromisos internacionales asumidos por México. Además, se ha escuchado en varias ocasiones, que tal reforma reduce la probabilidad de que los mejores perfiles ejerzan la función jurisdiccional. texto aquí