Pendientes, denuncias contra ex funcionarios estatales

Ex funcionarios morenovallistas y hasta de la propia administración barbosista tienen denuncias públicas a cuestas hechas por el ex gobernador fallecido que siguen pendientes.

Lo mismo por la construcción de las obras insignia de sus antecesores, como irregularidades en las áreas de su gobierno cometidas por sus propios funcionarios, a quienes tuvo que remover y denunciar después.

Diario ContraRéplica Puebla presenta un recuento de casos de posible corrupción e irregularidades de ex funcionarios que podrían terminar en más detenciones en lo que resta de la administración de Sergio Salomón Céspedes, pues ya hay antecedentes de que se interpusieron denuncias y las carpetas se encuentran abiertas.

A su llegada a la administración estatal, Barbosa Huerta denunció que halló irregularidades en los procesos de adopción de los menores a resguardo del DIF en administraciones pasadas, por lo cual anunció que daría más detalles del tema, una vez que reunieran las pruebas suficientes.

Había asegurado que ya tenía en sus manos varios documentos que comprobaban la presunta “venta” de menores desde esta área gubernamental. Ya no presentó ningún avance antes de su muerte, pero tampoco se descartó la investigación.

En marzo de 2020 retiró la concesión de 17 verificentros, al denunciar que eran parte de un monopolio y no se garantizaba que los procesos de revisión a los vehículos evitaran la disminución de emisiones contaminantes.

En este caso se ha señalado al ex secretario de Administración e Infraestructura en la administración de Rafael Moreno Valle, José Cabalán Macari, quien habría beneficiado a su primo Jorge Kahwagi Macari con la concesión de los centros de verificación.

Otro tema pendiente es la detención de los responsables del manejo de aparatos de espionaje que supuestamente se instalaron en la administración morenovallista. En 2017 fue el propio ex mandatario Barbosa Huerta quien acompañó como senador ante las autoridades locales a los afectados para denunciar este tipo de práctica en la entidad.

Por falsificación de firmas y sobrecosto en la compra de los mototractores entregados a campesinos en la administración morenovallista es una de las investigaciones abiertas. Barbosa Huerta señaló que era un fraude la entrega de estos dispositivos, ya que no servían para las tareas del campo.

El Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee) fue una de las áreas más señaladas por la administración barbosista, debido a que se acusó que habían desviado hasta mil 628 millones de pesos a través de una empresa.

En esta denuncia estaría involucrado el ex titular del área, Jorge Benito N, quien llegó a ser magistrado hasta que renunció a su espacio en el Poder Judicial en marzo de 2021.

Trascendió meses antes que había cerca de nueve denuncias contra él por supuesto uso de facturas de empresas fantasma, utilizadas para simular operaciones con recursos públicos.

La administración barbosista encontró que 22 puentes atirantados habían sido construidos con sobrecosto al simular que el diseño de las estructuras sostenía el peso del puente, cuando era algo estético.

Una de las investigaciones más avanzadas era la del cambio de uso de suelo en el área protegida de Flor del Bosque para beneficiar a una empresa inmobiliaria. En esta acción se señaló en su momento al ex mandatario Antonio Gali Fayad.

Antes de su fallecimiento, Barbosa Huerta declaró que se vaticinaba un “gran litigio” contra la empresa encargada de la construcción de las plataformas de Audi en San José Chiapa, debido a que había diversas irregularidades.

El ex mandatario denunció, en diversas ocasiones, que la Ciudad Modelo era un elefante blanco, se encontraba despoblado y había posibles irregularidades que se investigarían.

El Tren Turístico, la Estrella de Puebla, el Museo Internacional del Barroco y el Teleférico que incrementaron la deuda estatal se mantienen bajo la mira, debido a que su operación no era viable para la administración. En el caso del tren se tuvo que suspender sus viajes, ya que era más costoso que lo que podrían recaudar.

La Estrella de Puebla, en cambio, sigue sin funcionar, pues su compostura significaría un desembolso aún mayor, sin que se haya terminado de pagar su instalación, por lo que se encontraba en revisión los contratos que se hicieron en su momento.

Entre las diversas irregularidades en obras, un nombre resuena como posible involucrado en ellas, como el de Xabier Albizuri, secretario de Infraestructura de José Antonio Gali Fayad. Dos de sus ex colaboradores ya fueron detenidos por desvío de recursos.

Otra carpeta abierta es la entrega de títulos irregulares durante el morenovallismo, los cuales eran entregados a ex funcionarios y líderes partidistas sin que hayan cumplido con los requisitos necesarios para obtenerlos. Una de las personas que fue vinculada a proceso fue el ex líder panista, Jesús N.

Eduardo N, secretario de Finanzas y Administración de la difunta Martha Erika Alonso Hidalgo, tiene una orden de aprehensión en su contra, debido a cargos por abuso de autoridad, ejercicio ilícito de atribuciones por la autorización de pagos indebidos e irregularidades.

En la Operación Angelópolis, en las que se involucra el uso de facturas falsas, caso que ha provocado la detención de tres personas, entre ellas el ex auditor superior del estado, Francisco N; del director de Diario Cambio, Arturo N, y el representante de una de las empresas involucradas Daniel N, sigue pendiente la investigación al diputado federal, Ignacio Mier Velazco.

Mier Velazco es socio de Diario Cambio y su nombre surgió en la filtración de una investigación que llevaba la Unidad de Inteligencia Financiera, que sigue la FGE.

Los funcionarios barbosistas no se salvan de las investigaciones en su contra. Es el caso del ex secretario de Trabajo, Abelardo N, quien arrastra siete denuncias, relacionadas por irregularidades por 22 millones de pesos, así como por acoso y hostigamiento contra su personal cuando se desempeñaba en la administración estatal.

El ex funcionario informó el 16 de febrero pasado que consiguió un amparo federal para evitar ser aprehendido. Además, señaló que continuaba con más procesos.

La ex titular de Turismo, Vanessa Barahona, fue removida de su cago, debido a que fue señalada de simular la instalación de espectaculares con los que promovería a la entidad.

Raciel López Salazar, ex secretario de Seguridad Pública, fue señalado en algún momento de insertar en la corporación estatal a elementos de origen chiapaneco que operaban con acciones corruptas. Entre estas, la instalación de una especie de hotel en el penal de San Miguel, además de haber ocultado al mandatario las condiciones de áreas de privilegios al interior del centro penitenciario.