Pendientes del Congreso, iniciativas en favor de las mujeres y la niñez

El segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso del Estado dejó un cumulo de iniciativas en el tintero, mismas que deberán ser abordadas una vez que los legisladores retomen sus actividades a partir del próximo 15 de mayo.

Aunque los últimos meses fueron de relevancia para la Legislatura local, debido a que se avalaron temas de gran importancia como la “Ley Monzón y la “Ley Ácida”, todavía quedan distintas propuestas pendientes por analizar.

Entre los grandes pendientes de las 41 diputadas y diputados destaca la despenalización del aborto, tema que ha sido aplazado de manera reiterada en Puebla, pero que volvió a colocarse en el ojo público en semanas anteriores.

Esto luego de que colectivas y organizaciones feministas dieran a conocer que el Gobierno del Estado desistió de impugnar un amparo que les fue concedido para impedir la criminalización del aborto en la entidad.

A decir de las activistas, dicha acción abre una ventana para que mujeres y personas gestantes puedan interrumpir sus embarazos sin enfrentar algún proceso penal, accediendo a servicios de salud y acompañamiento por parte de las mismas asociaciones civiles.

Pese a las condiciones actuales, resaltaron la necesidad que el Congreso legisle para reformar el Código Penal que todavía contempla sanciones de seis meses a un año de prisión por el delito de aborto.

Desde el inicio de la LXI Legislatura se han acumulado al menos cuatro iniciativas para eliminar las penas por abortar, así como para garantizar que el Estado brinde condiciones para acceder a un aborto seguro y gratuito.

Otra de las propuestas que tomaron relevancia en las últimas semanas y prometen ser analizadas de forma inmediata es la “Ley Sabina” para crear un Registro Público de Deudores Alimentarios en Puebla.

Las iniciativas impulsadas por Morena y el PT buscan que los padres y madres incumplidos queden registrados en un padrón público que, a su vez, los restringirá de ciertos derechos para obligarlos a pagar la manutención de sus hijas e hijos.

En un tenor similar se encuentra la propuesta de la “Ley 3 de 3” para impedir que agresores de mujeres y deudores alimentarios compitan por algún cargo de elección popular u ocupen cargos en la administración pública.

Por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCIN), los legisladores poblanos también deberán subirse a la discusión sobre las infancias trans, para permitir que menores de edad cambien su nombre y género en documentos oficiales.

De acuerdo con la sentencia emitida por máximo tribunal en marzo de 2022, el requisito de tener 18 años cumplidos para solicitar la expedición de nuevas actas de nacimiento resulta discriminatorio y atenta contra el libre desarrollo de la personalidad.

Por lo anterior, se estableció un plazo de 12 meses –el cual vence en este mes– para que los legisladores realicen las reformas correspondientes a la denominada “Ley Agnes”.