Orden de aprehensión contra Alejandro Irarragorri por presunto fraude; Santos denuncia irregularidades

El futbol mexicano enfrenta una nueva controversia legal luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) emitiera una orden de aprehensión contra Alejandro Irarragorri, presidente de Grupo Orlegi y dueño de los clubes Santos Laguna y Atlas de la Liga MX, según reportes del periódico Reforma.

De acuerdo con el medio nacional, la FGR ha declarado prófugo al directivo, también propietario del equipo español Sporting de Gijón, tras acusarlo de un presunto fraude que superaría los 17 millones de pesos. Mientras tanto, el club Santos Laguna confirmó la existencia de la orden judicial.

El equipo lagunero puntualizó que la orden judicial no está relacionada con un fraude, sino con la supuesta inasistencia de Irarragorri Gutiérrez a una audiencia programada por el juez de distrito Luis Alfredo Mendoza García en Torreón, Coahuila.

“La presunta orden de aprehensión a la que se refieren algunos medios de comunicación se habría dictado por una supuesta inasistencia del Sr. Alejandro Irarragorri Gutiérrez a una audiencia convocada por el Juez de Distrito Luis Alfredo Mendoza García, en Torreón, Coahuila, relacionada con un caso judicial al Club Santos Laguna”, apuntaron en un comunicado.

En su declaración pública, el club aseguró que Alejandro Irarragorri no fue notificado oficialmente sobre un cambio de fecha en la audiencia, la cual supuestamente había sido suspendida previamente. Recientemente, el directivo traspasó responsabilidades del equipo a su hijo, Alejandro Irarragorri Kalb.

“Cabe señalar que el Sr. Alejandro Irarragorri Gutiérrez no fue apercibido formalmente, por lo que su presunta no asistencia de ninguna manera daría motivo para que el Juez dictara medidas cautelares”, añadieron.

El club lagunero afirmó que defenderá sus derechos legales ante lo que considera una presión indebida por parte del sistema judicial.

“Club Santos Laguna reitera que hará valer sus derechos y rechaza cualquier intento de presión, aunque esté disfrazado de un acto judicial”.

Imagen: Especial