Operador de Lastiri, vinculado a proceso por Estafa Maestra

Juan Manuel López Arroyo está señalado en el desvío de 319 millones de pesos, a través de la Unidad Tecnológica de Netzahualcóyotl.

Por Osvaldo Valencia

Por el presunto pago indebido de un contrato por más de 319 millones de pesos para la Universidad Tecnológica de Netzahualcóyotl –involucradas en la trama de la “Estafa Maestra” de desvío de recursos en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol)– un juez federal vinculó a proceso a Juan Manuel López Arroyo, exdelegado de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), mano derecha de Juan Carlos Lastiri Quirós, exsubsecretario de Vivienda en dicha dependencia.

Tras una audiencia de más de 18 horas, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, Arturo Medel Casquera, procesó el pasado 24 de junio a López Arroyo, entonces titular de la Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales de la desaparecida Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), y a Noé Molina Rusiles, exrector de la universidad, imputados por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.

López Arroyo y Molina Rusiles están imputados por suscribir un contrato de 319 millones 121 mil pesos donde la universidad revisaría para Sedesol las obras y trabajos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

El contrato formaba parte de un convenio mayor suscrito el 30 de enero de 2015 por 611 millones 711 mil pesos entre Sedesol y las Universidades Tecnológicas del Sur del Estado de México, de Texcoco, y de Netzahualcóyotl; sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) descubrió que las tres universidades contrataron a cinco proveedores para ejecutar los servicios convenidos por un importe de 605 millones 302 mil 800 pesos, 99 por ciento del dinero que les depositó la Sedesol.

La Fiscalía General de la República (FGR) detectó que los cinco proveedores transfirieron 591 millones 416 mil 900 pesos a seis personas físicas y a 12 personas morales, “sin que existiera contrato o constancia que justifique los pagos y los servicios que no fueron otorgados, ya que no hay pagos efectuados a los coordinadores técnicos sociales”.

López Arroyo ya se encontraba bajo el escrutinio público desde 2017, pues fue señalado de operar y desviar alrededor de 60 millones de pesos de recursos de la Federación para impulsar el proyecto de Juan Carlos Lastiri en su intento por buscar la candidatura a la gubernatura del estado.

De acuerdo con la columna Las Serpientes, del periodista Ricardo Morales publicada el 28 de marzo de 2017, en 2015 el exfuncionario de Sedesol habría desviado recursos destinados a la entidad para el pago de salarios de Coordinadores Técnicos Sociales (CTS), quienes tenían como labor la erradicación de la pobreza.

Con dicho recurso, López Arroyo y Juan Carlos Lastiri habrían conformado una red de operadores políticos que coordinaban a los beneficiarios de programas sociales para que asistieran a “asambleas públicas comunitarias”, en las que presuntamente se operaba a a favor del subsecretario de Sedatu en su intento por obtener la candidatura priista a la gubernatura de Puebla.

En la investigación de la Estafa Maestra con los contratos para universidades, Sedesol autorizó para Puebla la contratación de mil 500 plazas, sin embargo, López Arroyo y Juan Carlos Lastiri utilizaron los recursos para la contratación de alrededor de 300 operadores electorales que promocionaron al priista, los cuales tuvieron salarios de entre 15 mil, 20 mil y 40 mil pesos. El resto de los recursos enviados para el estado habrían desaparecido y se justificaron a través de la simulación de operaciones para dicho programa, mismas que la ASF detectó.