Omisión por linchamiento fue de Policía Municipal no Estatal: MBH

La conducta omisiva en el linchamiento del abogado Daniel Picazo fue de la Policía Municipal de Huauchinango, no de la Policía Estatal, sostuvo el gobernador Miguel Barbosa Huerta al señalar que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) analiza si acepta o no la recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos (CDH) sobre este caso.

El mandatario enfatizó que tras darse a conocer el linchamiento ocurrido el pasado 10 de junio, su administración ofreció y mantiene su posición de brindar la reparación del daño a los familiares de la víctima, más allá de la recomendación de la CDH.

Asimismo, rechazó que el asesinato del joven de 31 años haya ocurrido en presencia de elementos de la Policía Estatal y aseguró que quienes fueron omisos ante los hechos eran policías municipales de Huauchinango.

“La Policía Estatal no estaba ahí, todo eso se va a tener que alegar mediante un documento sobre si se acepta o no por los destinatarios de la recomendación de la CDH, que quede claro la conducta omisiva fue de la Policía Municipal, no de la Policía Estatal”, asentó.

Barbosa Huerta consideró que la CDH de Puebla se excede de los propósitos de sus funciones, por lo que solicitó que al menos sus resoluciones sean congruentes, consecuentes, exhaustivas y completas.

Y es que, acusó al organismo autónomo de ser omiso, pues en su resolución 18/2022 no consideró nada de lo argumentado por la Secretaría de Seguridad Pública estatal sobre los hechos, por ello insistió que el Estado realiza un análisis legal sobre la posición que tomarán ante la recomendación.

“Ojalá todas las resoluciones estuvieran ajustadas a derecho y a los hechos; y no en una orientación permanente de otorgar todas las recomendaciones que se solicitan como una práctica permanente”, apuntó.

CDH pide a SSP crear grupo de reacción

En la recomendación 18/2022 la CDH instruyó al ayuntamiento de Huachinango y a la SSP brindar a los familiares de Daniel la reparación integral de los daños, pues consideró que hubo una violación a los derechos humanos, a la seguridad jurídica y a la vida.

También solicitó iniciar los procedimientos de investigación correspondientes y en caso de que exista responsabilidad penal se presente la denuncia contra los servidores públicos que fueron omisos.

En particular, a la SSP, le pidió emitir un manual de procedimientos de actuación para el personal de la dependencia y la conformación de un grupo especial de reacción inmediata a linchamientos, el cual esté capacitado en materia de negociaciones y extracciones a posibles víctimas y uso de la fuerza pública.

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