En lo digital, Puebla necesitaba una transformación. Y ya comenzó.
La violencia digital llegó directo a la intimidad de los hogares. Lo saben las niñas víctimas de acoso en redes. Lo saben las mujeres que han recibido amenazas desde perfiles falsos. Lo saben los jóvenes extorsionados por desconocidos que usan su información como arma.
Durante años, la ley no estuvo a la altura. Los vacíos legales permitieron que el ciberacoso, la suplantación de identidad o la extorsión digital crecieran sin respuesta.
Según datos del Inegi, 32.7 por ciento de las mujeres entre 12 y 19 años han sido víctimas de ciberacoso. La cifra es aún más alarmante entre niñas, niños y jóvenes de 12 a 17 años: 58.2 por ciento han sufrido alguna forma de agresión digital.
Además, el robo de identidad deja pérdidas anuales por más de 5 mil millones de pesos en México. La impunidad digital no solo daña la seguridad de los más vulnerables, también tiene un costo social y económico.
Pero eso está por cambiar. En los próximos días, el Congreso local de Puebla aprobará una nueva Ley de Ciberseguridad, una legislación construida con visión preventiva, rigor técnico y respeto pleno a los derechos.
Este nuevo marco legal reconoce como delitos figuras que hasta hoy no estaban contempladas: el grooming (acoso de adultos a menores por internet), el robo de datos personales, el acoso sistemático y la difusión de contenido íntimo sin consentimiento. Delitos reales, con víctimas reales, que ahora sí podrán enfrentarse desde la ley, con firmeza.
Y hay que decirlo con toda claridad: esta ley no castiga opiniones, disidencias ni posturas críticas. Sanciona el daño emocional, la extorsión digital y la violencia disfrazada de libertad de expresión. La crítica no se toca. Lo que sí se toca es la impunidad.
Cuando propusimos esta ley en el Congreso, en noviembre de 2024, sabíamos que no bastaba con describir el problema: había que enfrentarlo con herramientas reales.
Hoy, desde el Ejecutivo, bajo el liderazgo del gobernador Alejandro Armenta, el reto es aún mayor: lograr que esta legislación se traduzca en prevención efectiva, protocolos claros y protección concreta.
Porque gobernar también implica anticiparse al daño, no solo reaccionar. Las buenas leyes no son las que castigan más, sino las que protegen mejor. Y en el entorno digital, proteger es prever.
Esa lógica de anticiparse al daño es parte de la ruta que ha marcado esta transformación. Lo ha demostrado la presidenta de la República con políticas que previenen antes de que el problema escale y Puebla no es la excepción.
Esta nueva Ley de Ciberseguridad es un punto de partida, pero también una prueba de voluntad política. Se construye con prevención, con educación digital y con la colaboración entre sectores. Porque anticiparse al daño no es solo responsabilidad del gobierno: también es tarea de medios, universidades, empresas y familias.
Puebla ya comenzó su transformación digital y lo hizo donde más importa, protegiendo a su gente.