Ley Agnes ya es realidad en Puebla

Especialistas advierten complicaciones jurídicas y procesales tras su aprobación en el Congreso local.

Por Osvaldo Valencia

A casi nueve años de su asesinato, la lucha de Agnes Torres Sulca por la igualdad de derechos y el reconocimiento de la identidad de género autopercibida de la población trans en el estado se ve materializada en la promulgación de una ley en la materia que lleva su nombre.

En una discusión versada en el abandono del tema por más de 10 años por parte de legislaturas pasadas y dos años de la actual legislatura de mayoría de izquierda, con discursos transfóbicos de diputados Pro-vida, las reformas al Código Civil del Estado para reconocer el derecho a la identidad de género se aprobaron en lo general, con 34 votos a favor y seis en abstención.

Sin embargo, después de su aprobación vendrá todo un proceso complejo: desde un posible acto de inconstitucionalidad por invadir esferas que no le competen reformar al Poder Legislativo local, hasta la complicación en los procesos jurídicos y civiles que deben seguir quienes decidan recurrir al Registro Civil y cambiar identidad.

La presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Vianey García Romero, resaltó la lucha que han emprendido organizaciones feministas a lo largo de 10 años por la aprobación de reformas en favor de la comunidad LGBTTTIQA y recriminó los crímenes de odio que se han cometido en la entidad para callar la voz de esta parte de la población.

Al mismo tiempo, una ola de colectivos feministas y trans inundaba las calles de la ciudad de Puebla para hacerse presente frente al recinto legislativo, hoy cerrado por la pandemia.

La batucada, como símbolo de fiesta, ante la inminente aprobación de la reforma impulsada intempestivamente en la toma del Congreso del pasado noviembre.

Un reclamo Pro-vida contaminó la discusión. El diputado Héctor Alonso Granados desconoció los crímenes de odio cometidos contra la población trans, cuestionó el asesinato de Agnes Torres y aseguró que se trató de un crimen pasional, “un acto de un loco” o un ataque de celos, pero no de odio.

Luego de definirse como defensor a ultranza de la mayoría que rechaza las ideas “progresistas de izquierda” sobre la diversidad sexual, Alonso Granados optó por insinuar que los diputados habían cambiado la definición de género a conveniencia, todo para desacreditar la reforma.

Los señalamientos de las diputadas Rocío García Olmedo, del PRI, y Mónica Rodríguez Della Vecchia, del PAN, advirtieron un posible sesgo de inconstitucionalidad en la Minuta de Decreto votada, al señalarse que la solicitud de cambio de identidad de género no extingue las obligaciones de los procesos administrativos, de carácter procesal, mismos que no pueden reformar los congresos locales.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señaló desde 2017 que los congresos estatales no cuentan con facultades para legislar cuestiones de carácter procesal, procedimental y jurídica, por lo que el regular este tipo de procesos puede provocar un revés de la Corte, arguyeron las dos diputadas de los partidos aliados en este proceso electoral.

Especialistas en derecho han advertido, además, de complicaciones a procesos legales y patrimoniales para quienes decidan tramitar su cambio de identidad de género. Carlos Daniel Hernández Olivares, abogado y especialista en materia civil, señaló para el portal Urbano Puebla que uno de los problemas patrimoniales serían las herencias, pues, en algunos casos, los padres dejan testamentos para sus hijos, quienes, en caso de cambiar de identidad, corren el riesgo de perder esos bienes, pues comprobar la identidad de una persona es un proceso largo y complicado, que afectaría a otros integrantes de la familia en la distribución de bienes.