Juntas auxiliares en Puebla: El cuarto nivel de Gobierno que necesitamos

Puebla Capital es la cuarta ciudad más importante del país, no solo por su densidad poblacional, sino por su relevancia histórica, económica y política. No obstante, dentro de su propio territorio, persisten desigualdades profundas, particularmente en las 17 juntas auxiliares, donde habita el 75 por ciento de la población municipal.

Estas zonas, que deberían ser una prioridad en la política pública, han sido relegadas por las administraciones municipales a lo largo de los años.

El modelo de las juntas auxiliares está en crisis. Históricamente, las juntas auxiliares funcionaban como una instancia de gobierno local con atribuciones propias. Sin embargo, con la reforma a la Ley Orgánica Municipal de 2013, su papel fue reducido a órganos desconcentrados de la administración pública municipal, eliminando su capacidad de autogestión y reduciendo su impacto en la toma de decisiones.

Esto ha traído como consecuencia una alarmante falta de recursos, reflejada en la ausencia de infraestructura básica, la precariedad en servicios públicos y la persistencia de altos índices de pobreza. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval, 2022), Puebla es el quinto estado con mayor porcentaje de población en pobreza, con un 58.9 por ciento de sus habitantes en esta condición y un 9.7 por ciento en pobreza extrema. Dado que las juntas auxiliares concentran la mayor parte de la población de la capital, es evidente que estas cifras están directamente relacionadas con el abandono institucional que sufren.

Uno de los problemas más críticos en las juntas auxiliares es la seguridad. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP, 2023) muestran que el municipio de Puebla registró más de 27 mil delitos en el último año, con un aumento en ilícitos como el robo a transeúnte, robo a transporte público y violencia familiar. La falta de policías municipales en estas zonas es un factor determinante en la percepción de inseguridad, lo que obliga a la población a recurrir a medidas informales de protección, como las rondas comunitarias.

A esto se suma la deficiencia en alumbrado público y pavimentación. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi, 2020), en Puebla más del 20 por ciento de los hogares carecen de acceso a servicios básicos, una situación que se agrava en comunidades donde la infraestructura municipal es prácticamente inexistente.

El debate sobre la necesidad de reconocer a las juntas auxiliares como un nuevo nivel de gobierno en Puebla es más vigente que nunca. Si bien la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), en la práctica, muchas comunidades han desarrollado estructuras de autogobierno que funcionan como una instancia intermedia entre la ciudadanía y el Ayuntamiento.

Para consolidar este cuarto nivel de gobierno, es necesario impulsar reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y a la Ley Orgánica Municipal, con el objetivo de devolver facultades a las juntas auxiliares y garantizarles un presupuesto propio. De esta manera, no solo se fortalecería su autonomía, sino que se fomentaría una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones locales.

Las juntas auxiliares de Puebla no pueden seguir siendo vistas como simples extensiones rurales de la capital. Son comunidades con identidad propia, con necesidades urgentes y con ciudadanos que exigen ser escuchados. La creación de un cuarto nivel de gobierno no solo es viable, sino imprescindible para reducir las brechas de desigualdad y mejorar la calidad de vida de miles de poblanos.

El reto está sobre la mesa. Corresponde a los gobiernos estatal y municipal atender este llamado y sentar las bases para una reforma que haga justicia a quienes han sido ignorados durante demasiado tiempo.