Indígenas mueren por Covid y no entran a estadísticas

luis.rodriguez@contrareplica.mx

Alexa Fernanda iba cumplir tres meses de edad. El Covid-19 la encontró a cientos de kilómetros de su hogar en la Montaña de Guerrero cuando acompañaba a sus padres, jornaleros indígenas, que viajaron a Aguascalientes.

Ella es parte de los 2 mil 300 niños de entre 0 y 12 años que en plena pandemia entre febrero y julio salieron de Tlapa junto con sus familias para acompañarlos a los campos agrícolas del norte del país.

Nadie tiene un conteo de los contagios y muertes por Covid-19 en las comunidades indígenas del país, incluida la Montaña de Guerrero. El gobierno estatal se basa en el registro que llevan los hospitales para dar las “cifras oficiales”, pero no se incluye a quienes mueren en sus viviendas, a los que viajan a otros estados, se contagian y fallecen.

“En las comunidades indígenas las personas pueden morir de Covid-19 y no ser parte de la estadística, en los decesos que deja la pandemia, no existe forma de saber si son por coronavirus, ni siquiera hay pruebas para el diagnóstico”, destacó un informe del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

La UNAM señala que los datos actuales sobre el impacto del Covid-19 en la población indígena demuestran inequidades significativas respecto a la población general. La letalidad en la población indígena es de 18.8 por ciento frente al 11.9 por ciento de la población en general. Algunos estados como Quintana Roo incluso tienen una tasa de 36.4 por ciento; es decir, por cada tres indígenas contagiados con este virus, uno muere.

En el estudio Vulnerabilidad estructural de los pueblos indígenas ante el Covid-19 publicado por la Facultad de Medicina, se expone que existen dificultades para el acceso a las instituciones de salud en función de su distribución, como es el caso de los hospitales concentrados en las ciudades, olvidando las zonas rurales e indígenas; así como hay una la discriminación del personal de salud a los usuarios por su condición étnica basada en estereotipos.

Respecto a los jornaleros agrícolas se indica que “la migración involucra formas de vulnerabilidad estructural a la salud al realizarse en condiciones de gran precariedad sin acceso a las medidas de prevención, como el aislamiento o la “sana distancia” cuando se vive en viviendas hacinadas o se experimenta una detención de las autoridades migratorias o a los sistemas formales de salud”.

El Centro Tlachinollan expone que desde que empezó la pandemia en el país, se ha documentado un alza en la población indígena, lo mismo mixtecos, amuzgos, tlapanecos o nahuas que han viajado a los campos agrícolas en autobuses en mal estado, sin seguro de viajero y llevando a los niños en los pasillos o en las piernas la mayoría de las veces. Viviendo en galeras, sin agua, sin electricidad, sin ninguna protección contra el Covid-19.

“Tan solo abril a julio se tiene el registro de 4 mil 800 personas que migraron, 150 por ciento más que el año pasado. En las comunidades los precios de los productos han subido, no hay empleo y prefieren arriesgarse e irse a trabajar que morir de hambre en su comunidad”, indicó el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.

Gerardo tiene 21 años, es Na savi (gente de la lluvia), de la colonia de Rancho de los Hilarios, anexo de Calpanapa, municipio de Cochoapa el Grande, donde 99.3 por ciento de sus habitantes viven en pobreza y está uno enclavado en la región de la Montaña del estado de Guerrero. Estudió hasta el cuarto año de primaria y él, como la mayoría de las y los habitantes de su comunidad, no tienen otra opción más que migrar a los campos agrícolas del norte del país para sobrevivir.

A la edad de 10 años empezó a ir con su papá a los campos. A los 16 años inició su trabajo. “De niño no hay nada que hacer, nada más jugar con los otros niños. En los campos empezamos a sembrar chiles y cuando están buenos los cortamos. Aquí en la comunidad se siembra maíz, calabaza, frijol, no hay otra cosa que funcione porque es cerro, aquí pura milpa”.

Victoria es la esposa de Gerardo. Tiene 16 años, es de la comunidad de Calpanapa y solo habla Tuú Savi. Se juntó con él cuando tenía 15 años.

“Cuando nació mi bebé pensé que iba a crecer, que iba a salir bien todo, pero a los tres o cuatro días empezó a estar mal y comencé a preocuparme. Nació el 8 de mayo de este año, en el Rancho de los Hilarios, ahí estuvimos como un mes y luego nos fuimos a trabajar”, cuenta Gerardo.

“La niña cuando nació no podía respirar ni alimentarse bien, estuvo así como un mes y días. Llegamos allá a inicios de junio y al primer hospital que la llevamos, ya llegó mal, no podía respirar y la entubaron, después la mandaron al Centenario Hospital Miguel Hidalgo en Aguascalientes, ahí estuvo como dos meses y me dijeron que su corazón ya no aguantaba.

“Yo pensé que tenía mucha flema o algo así, pero no, era otra cosa. A lo mejor así nació. Lo primero que me dijeron en el hospital es que era Covid-19, pero luego dijeron que no y que su garganta era pequeña y que al respirar se tapaba; no podía tomar leche y la operaron para meter una sonda, eso fue un viernes. El miércoles —12 de agosto— falleció. De ahí venimos para acá”.

Sin embargo, el certificado de defunción emitido por la Secretaría de Salud de Aguascalientes señala que la causa fue neumonía por SARS-COV 2.

Acompañados por sus padres y en medio de la lluvia, tuvieron que dar sepultura a su hija como a media noche porque no hubo rezos, ni el sacerdote ni el rezandero quisieron acudir porque la niña no fue bautizada.

Gerardo y Victoria sólo regresaron a la Montaña para enterrar a su pequeña hija.