Nación
Claudia Bolaños
El gobierno federal prepara dos iniciativas legales para presentar al Congreso: una reforma constitucional que garantice el derecho humano al agua y una nueva Ley General acompañada de modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales, con el propósito de poner fin al mercado negro del agua, fortalecer a la Conagua y endurecer sanciones contra quienes lucran ilegalmente con este recurso.
Según el director general de Conagua, Efraín Morales López, las propuestas surgen de un proceso de consulta que incluyó 13 foros con sectores sociales, productivos y gubernamentales.
Entre las medidas planteadas están la eliminación de las transmisiones de concesiones entre particulares y la obligación de devolver al Estado las concesiones no utilizadas, para que sea éste quien decida su nuevo otorgamiento.
La reforma también contempla la creación de un capítulo sobre delitos hídricos que establezca sanciones más severas para casos como el robo de agua, la perforación de pozos ilegales o la venta ilegal de hidroequipo, e incluso prevé aplicar la figura de extinción de dominio en casos reiterativos.
Actualmente, las multas por violaciones a la Ley de Aguas Nacionales van de 260 a 26,000 UMAS (aproximadamente hasta poco más de 2 millones de pesos). La iniciativa propone elevar la multa mínima a 50,000 UMAS y crear un catálogo de delitos especiales para cerrar vacíos legales.
La presidenta señaló que con estas reformas dejará de permitir que el agua sea tratada como una mercancía, y que el Estado decidirá el uso de concesiones que no sean aprovechadas.