Por Alejandra Olivera
El Gobierno de Puebla emitió el Protocolo Estatal de Blindaje Electoral (PEBE) 2024 con el que desarrollarán mecanismos de control para evitar el mal uso de los recursos públicos a favor de precandidatos, candidatos, partidos políticos o coaliciones, e impulsará la debida ejecución de los programas sociales.
En el Periódico Oficial del Estado (POE) se publicó el acuerdo de emisión del PEBE que fue firmado por los secretarios de Gobernación, Javier Aquino Limón y de la Función Pública, Juan Carlos Moreno Valle Abdala, quienes consideraron que al desempeñar una función pública, los trabajadores del Estado deben reforzar más el cuidado de su actuar en época electoral.
Por lo anterior, “deben contar con una visión ética del servicio público, esquemas de vigilancia en los programas de gobierno y fomentar la cultura de la denuncia para evitar el uso indebido de recursos públicos en general, los cuales son indispensables para mantener un Estado que progrese con honestidad”.
En el documento se refiere que el PEBE está dirigido a funcionarios de la administración pública estatal, a quienes harán de su conocimiento de la normatividad a la que está sujeto su actuar en época electoral, con lo que se pretende prevenir la probable comisión de hechos con apariencia de delitos o faltas administrativas.
En total son seis los rubros del Protocolo de Blindaje Electoral; entre los que destaca la “Suspensión de propaganda gubernamental”, pues sólo se permitirá la difusión de información de medidas urgentes de Estado o de acciones relacionadas con protección civil o programas de salud.
No podrán usar redes sociales para promocionar a candidatos, ni hacerles donativos
Para evitar un mal “Manejo de recursos y uso de bienes” se prohíbe a los funcionarios usar las maquinas, insumos, instalaciones o vehículos oficiales para fines distintos al servicio público, por lo que las unidades se resguardarán, a partir de las 17:00 horas del 30 de mayo y serán liberados a partir de las 7:00 horas del 3 de junio, después de las votaciones.
A los servidores públicos se les solicita abstenerse de utilizar las cuentas de correos electrónicos institucionales y cualquier otro tipo de red social o medio de comunicación para fines electorales, por lo que no podrán promocionar acciones de gobierno para beneficiar a cualquier precandidato, candidato, partido político y/o coalición.
Durante los días y horas hábiles, no podrán realizar o asistir a actos de proselitismo político; y aunque en días inhábiles no está restringida su asistencia a dichos actos, refiere que la participación activa mediante la realización de movimientos corporales que en forma inequívoca se tradujeran en un apoyo explícito a favor de precandidatos, candidatos o partidos políticos, sí es violatoria a la normativa electoral.
En ese sentido, subraya que “queda prohibido obligar a un subordinado para que asista a un evento proselitista en horario laboral y para que emita su voto a favor de algún candidato, partido político y/o coalición”.
Tampoco deberán efectuar aportaciones o donativos, en dinero o en especie provenientes del erario público a partidos políticos, coaliciones, precandidatos y/o candidatos o brindarles cualquier clase de apoyo gubernamental.
Ningún aspirante debe participar en entrega de apoyos sociales
Sobre la ‘Ejecución de programas públicos’, el Protocolo recalca que los funcionarios no pueden utilizar dichos programas a favor o en contra de candidatos ni condicionar o coaccionar el voto de los beneficiarios.
Además, enfatiza que ningún precandidato o candidato debe estar presente en la entrega de apoyos; y los beneficiarios tampoco puede promocionar político ni debe haber propaganda política en el espacio físico donde se realice la entrega de apoyos.
Respecto a la ‘Continuidad de las obras públicas’ señala que continuarán en los plazos establecidos y su entrega deberá realizarse después de la jornada electoral del 2 de junio; además queda prohibido condicionar obras públicas a cambio de la promesa del voto a favor de algún candidato o candidata.
Prohibida propaganda en árboles y equipamiento urbano
Dentro del Protocolo también se establece que vigilarán que la propaganda política que se realice en la vía pública se sujete a las disposiciones legales y administrativas expedidas en materia de protección al medio ambiente y de prevención de la contaminación auditiva.
Tampoco se permitirá adherir o pintar propaganda electoral en elementos del equipamiento urbano, carretero, ferroviario o árboles, cualquiera que sea su régimen jurídico; así como colgar, fijar o pintar propaganda electoral en monumentos, construcciones y zonas de valor histórico o cultural.
Destaca que el Estado colaborará con las autoridades electorales, para proporcionarles, los informes, las certificaciones y el auxilio de la fuerza pública necesaria para el cumplimiento de sus funciones y resoluciones.
Además el apoyo necesario para realizar diligencias, compartir información de los hechos que puedan influir o alterar el resultado de las elecciones, y solicitar a las Notarías Públicas, mantener abiertas sus oficinas durante el día de la jornada electoral y estar atentos a los llamados que se les puedan hacer para dar fe de actos ocurridos el día de la votación.
Se determinó que la Policía Estatal prestará el auxilio que le requieran los órganos electorales, así como los presidentes de las mesas directivas de casilla.