Gobierno de Puebla combate y erradica la corrupción

Durante sus primeros tres años al frente del Gobierno del Estado, el mandatario Miguel Barbosa Huerta ha realizado un trabajo constante y frontal para erradicar las prácticas de corrupción, lo que ha derivado en la detención de múltiples ex funcionarios y ex servidores públicos.

En más de una ocasión, el titular del Poder Ejecutivo estatal ha sostenido que la corrupción es el origen de diversos problemas sociales, políticos y económicos en Puebla, por lo que resulta necesario combatirla y erradicarla.

En gobernador ha remarcado que las acciones para abatir la corrupción no son sinónimo de persecución política, como en algunas ocasiones se ha intentado desvirtuar por parte de ex funcionarios que incurrieron en dichas prácticas.

"La investigación de hechos de corrupción, que luego se quiere presentar por quienes quieren distorsionar la función pública como persecución política, no, no es así. Se trata de la aplicación de la ley, porque la ley es la que circunscribe a las funciones públicas”, dijo el pasado 4 de agosto.

Las detenciones del ex auditor superior, Francisco N.; el ex secretario de Movilidad y Transporte, Guillermo N.; así como del ex operador político del PAN, Eukid N., son algunas de las acciones anticorrupción más relevantes que se han registrado en la gestión de Barbosa Huerta.

La aprehensión de Eukid N., quien fue el operador político y la mano derecha del ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, marcó un antes y un después en las acciones de combate a la corrupción en el estado.

El 18 de marzo de 2020, el ex diputado local fue detenido por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) en su domicilio ubicado en la capital poblana, acusado por los presuntos delitos de extorsión, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

El 16 de diciembre del mismo año, la FGE informó que Eukid fue vinculado a proceso por enriquecimiento ilícito, ya que no pudo acreditar la legitimidad de millones de pesos, correspondientes a sus ingresos mientras se desempeñaba como servidor público.

Adicionalmente, enfrenta los cargos de extorsión, amenazas, uso de recursos de procedencia ilícita y falsedad en declaraciones judiciales e informes dados a una autoridad.

Aunque en un inicio fue recluido en el penal de San Miguel y posteriormente trasladado a Tepexi de Rodríguez, un Juez de Control envió al político morenovallista al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 14, ubicado en el estado de Durango, el 31 de enero de 2022.

Francisco N., ex titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), es otro de los personajes que representan a la corrupción en Puebla, pero que han sido detenidos y procesados durante la primera mitad del sexenio del gobernador Miguel Barbosa.

La caída de "El Sultán" –como lo conocen los integrantes del Círculo Rojo– inició el 23 de octubre de 2021, cuando fue acusado por agredir física y verbalmente a su pareja sentimental, Joseline Zurita y a su hijo menor de edad.

El 14 de febrero de 2022, un Juez de Control de Cholula ordenó su suspensión temporal como auditor superior, a fin de evitar que hiciera uso de sus funciones para interferir en las investigaciones en su contra por violencia familiar.

Posteriormente, el 19 de febrero, la FGE obtuvo su vinculación a proceso por su presunta participación en el delito de violencia familiar en agravio del menor con iniciales A.Z.B.

El 25 de febrero, elementos ministeriales catearon su casa —situada en el fraccionamiento La Vista— y lo detuvieron por su probable participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En medio del proceso legal y judicial de Franciso N., el Congreso del Estado aprobó iniciar un procedimiento para destituirlo de su cargo como titular de la ASE; además, salieron a la luz múltiples señalamientos por corrupción.

Entre las acusaciones, Franciso N., fue denunciado por el supuesto cobro de "moches" a través de sus auditores externos, quienes habrían solicitado dinero a alcaldes a cambio de aprobarles sus Cuentas Públicas.

Finalmente el 31 de marzo, durante sesión extraordinaria, el Pleno del Poder Legislativo avaló la remoción definitiva del auditor superior, quien permanece recluido en el penal de San Miguel.

Otro de los hechos que marcó precedente en el combate a la corrupción fue la detención de Guillermo N., quien se desempeñó como titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte en la actual administración estatal.

El 28 de febrero de 2022, casi un año después de su destitución como secretario, el ex funcionario fue aprehendido en el municipio de Atlixco por elementos de la Agencia de Investigación de la FGE.

Días después, el 7 de marzo, fue vinculado a proceso por el delito de ejercicio indebido de la función pública, tras ser señalado por la supuesta venta ilegal de concesiones de transporte público.

Tras la detención de Guillermo N., el gobernador Miguel Barbosa sentenció que él no está vinculado ni protegerá a funcionarios corruptos.