Explota corrupción en la Comuna; Claudia Rivera apresura cambios

Por Ignacio Juárez Galindo 

El despido de tres funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente ha destapado un doble proceso de corrupción en el gobierno municipal que encabeza Claudia Rivera Vivanco.

Por una parte, el supuesto cobro de moches para expedir licencias de funcionamiento y cambios de uso de suelo, que implicó el cese de un grupo de funcionarios ligados a Eduardo Rivera Pérez, entre ellos, la titular de la dependencia, Beatriz Martínez Carreño, y el exdirector de Desarrollo Urbano, David Letipichia Castro.

Y, por otra parte, la expedición de alrededor de mil permisos de impacto ambiental y bancos de tiro, del cual fue responsable otro funcionario ligado al alcalde yunquista: Ismael Cuoto Benítez, exdirector de Medio Ambiente, cuyo despido fue anunciadola mañana de ayer, junto con el resto.

El cese de estos tres funcionarios, que presuntamente serán denunciados ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, según lo declarado por Rivera Vivanco, también supone una ruptura entre la presidenta municipal y el sector de la ultraderecha del PAN, que se enquistó en aquella dependencia municipal desde los primeros días del nuevo gobierno.

El primero en caer fue Letipichia Castro, que arribó al cargo en abril de 2019, en reemplazo de Mónica Cervantes Tenorio, quien fue cesada —al igual que él— por acusaciones de cobro de moches.

Junto con él arribaron a la dependencia dos yunquistas más: Jorge Gil Zamora, jefe del Departamento de Inspección y exdirector de Técnica y Logística de la misma dependencia en el trienio 2011-2014, y José Rubén Ramírez Aguilar, inspector de Desarrollo Urbano y exregidor por el PAN en el trienio 2002-2005, periodo en el que fue sancionado por agredir físicamente a su esposa en vía pública.

Pero la aparente red de cobro de moches que Letipichia Castro lideraba —y de la que presuntamente también formó parte Martínez Carreño— tenía como principal operador a un personaje que ni siquiera figurabaen la nómina del Ayuntamiento: Eduardo Morales Garduño, exsecretario de Desarrollo Social en el trienio de Rivera Pérez.

En la serie de chats que desvelaron la existencia de esta red, revelados por el columnista Alejandro Mondragón, un grupo de funcionarios en los que se incluía a la secretaria particular de Letipichia Castro, junto con la jefa de Departamento de Vivienda, Yissel Juárez Reyna, e incluso Alejandro Picasso, asesor de la dependencia, hablaban sobre cómo repartían cobros por hasta 70 mil pesos con Morales Garduño.

Aunque la salida de Letipichia Castro se anunció como una simple renuncia por “motivos personales”, ayer, en conferencia de prensa, la presidenta municipal lo incluyó como uno de los funcionarios que fueron cesados tras las denuncias e indagatorias internas realizadas en la dependencia municipal por actos de corrupción.

“He instruido a iniciar una auditoría profunda, amplia y rigurosa en toda la secretaría para que limpie de una vez por todas este espacio que durante muchos años ha servido para las corruptelas entre funcionarios y representantes inmobiliarios, lo que incluso se le denominó el ‘Cártel Inmobiliario’”, aseveró.

CESAN A FUNCIONARIO VINCULADO CON PERMISOS ILEGALES

Del segundo proceso por posibles actos de corrupción es responsable, según fuentes consultadas por esta casa editorial, Ismael Cuoto Benítez, quien, como el resto de los personajes citados, está ligado al grupo de la ultraderecha panista.

Los primeros indicios de corrupción en la dirección de Medio Ambiente fueron denunciados por el gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien a finales de agosto aseguró que el Ayuntamiento de Puebla había expedido alrededor de mil permisos ilegales de impacto ambiental y construcción.

Hacia finales del gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido, el gobierno del estado y el Ayuntamiento de Puebla firmaron un convenio para que el segundo contara con atribuciones para otorgar este tipo de permisos.

Pero el convenio venció durante los primeros días de octubre. Y, desde entonces, el Ayuntamiento de Puebla perdió toda atribución sobre esta materia.

Rivera Vivanco trató de negarlo durante los primeros días, y atribuyó la acusacióndel gobernador a la supuesta desinformación de los funcionarios estatales que, según ella, hacían llegar informes erróneos al mandatario.

Pero su alegato duró menos de una semana.

Y hoy ha tenido que zanjar, al menos en lo público, un acuerdo político que nació desde los primeros días de su gobierno.