Diputado de Morena va por endurecer penas por tala clandestina

Por Osvaldo Valencia

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso de Puebla, Roberto Solís Valles, presentó la agenda ambientalista para atender la zona del Izta-Popo del estado y evitar la tala clandestina que se presenta en la región.

En conferencia de prensa, el diputado local de Morena anunció las acciones que se emprenderán, desde iniciativas hasta puntos de acuerdo para trabajar en coordinación con los presidentes municipales de la región.

Anticipó que se presentarán iniciativas de reforma a las leyes de Desarrollo Forestal; Para la Protección del Ambiente Natural y Desarrollo Sustentable; Para la Administración, Enajenación y Destino de Bienes Abandonados y Asegurados del Estado; así como al Código Penal de Puebla.

Indicó que con las reformas al Código Penal del Estado se busca la homologación en penas de prisión y multas económicas a como están establecidas en el Código Penal Federal para quienes cometan delitos en contra del ambiente, y que lo recaudado por éstas se destine para la conservación del medio ambiente.

El diputado de Morena expresó que esta reforma busca evitar la tala clandestina de montes, pues se tiene conocimiento de que esta actividad representa la tercera fuente de ingresos ilícita de las organizaciones del crimen organizado.

“Todo esto va alineado al Plan de Desarrollo Estatal, también al Plan de Desarrollo y las actividades que viene realizando el gobierno federal, pero también viene encaminado a que nos podamos organizar con la sociedad civil”, refirió Solís Valles.

Explicó que entre las acciones que impulsará se encuentra el fomento a campañas de reforestación en la zona del Popocatépetl y el Iztacíhuatl, en coordinación con los comisariados, asociaciones civiles y ciudadanos para ayudar a generar un plan integral de acción.

En cuanto a temas de la comisión que preside, Solís Valles consideró que los ayuntamientos entrantes necesitan endurecer sus políticas de capacitación de policías municipales, pues aseguró que entre dos y tres elementos de cada 10 cuentan con sus certificados de control de confianza, situación que se ve más reflejada en la región del Izta-Popo.