«Son más serios los que hacen títulos en la Plaza de Santo Domingo que los jueces (…) Debemos también impugnar esta decisión ante el TrIbunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, esta decisión del Comité de Evaluación, para que les dé el mandato de que hagan su tarea»
Gerardo Fernández Noroña
Detrás de la bilis del senador existen más de 600 amparos que intentan frenar lo inevitable: la elección popular de jueces y magistrados que integran el Poder Judicial de la Federación. A lo largo de las últimas semanas el desacato por parte del INE ha sido flagrante, y para colmo de males, en las noches más oscuras de la República, el señor Noroña ha terminado dictando cátedra de “derecho bellaco”: en efecto, el juicio de amparo es un mecanismo de control de constitucionalidad improcedente en materia electoral.
¿Cuál será el estado de putrefacción nacional para que este advenedizo arroje luz sobre la realidad nacional? El meollo del asunto está en que, en una suerte de tertium comparatioinis, el amparo actúa efectivamente sobre una elección, pero ha sido motivado por la transgresión de los derechos laborales, mientras que la contradictio in adjecto radica en que los agraviados han decidido, en un acuerdo de feliz composición, dejar de serlo, renunciando a sus derechos y aceptando a cambio sus haberes de retiro financiados por los contribuyentes mexicanos.
Y, sin embargo, la interpretación de “la litis noroñezca” revela además que sólo una acción de inconstitucionalidad podría haber frenado la barbarie implícita en la politización extrema, vía elección, del Poder Judicial. Desafortunadamente un ministro, el impresentable Alberto Pérez Dayán, defenestró la Constitución en la máxima instancia de la Nación, asegurando que la reforma judicial no puede ser catalogada como una “ley electoral federal” –Noroña hoy asegura lo contrario–, y por lo tanto no puede ser invalidada por la Suprema Corte. Recordemos su argumentación del pasado 5 de noviembre:
«Por más que me trate de convencer a mí mismo de lo contrario, resolver en el sentido que propone la propuesta sería, lo digo con todo respeto y exclusivamente en el fuero de mi propia persona, responder a una insensatez que evade irresponsable al texto supremo, con otra insensatez equivalente a forzar el ejercicio de una facultad que no me fue conferida en el conocimiento de una acción de inconstitucionalidad».
¿Qué te saben Pérez Dayán como para que, con esa grandilocuente genuflexión, hayas mandado al basurero de la historia la carrera y los derechos adquiridos de los jueces y magistrados de la Nación? Quizá, ahora que lo pienso, coincido con Noroña: esta Corte merece desaparecer, pues pudieron haber hecho mucho más en defensa de la Constitución y la República; en cambio la tragedia está en que México tampoco se merece el Poder Judicial que se viene.