Cumplir lineamientos ambientales, reto de textileras en 2023

A lo largo de 2023, empresarios del sector textil tendrán que realizar su regularización administrativa e invertir en la construcción de sus plantas tratadoras de agua para evitar mayor contaminación al Río Atoyac.

Según el convenio de colaboración que el Gobierno de Puebla firmó con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ayuntamientos y empresarios del sector textil, los miembros de la iniciativa privada tienen como máximo hasta mayo próximo para cumplir con todos sus trámites y permisos para su funcionamiento.

Mientras que, para noviembre, las cerca de 80 empresas firmantes tendrán que haber puesto en marcha sus plantas tratadoras de aguas residuales.

Con ello, se busca que la eliminación de fuentes contaminantes del Atoyac, pues el sector textil históricamente ha realizado descargas irregulares en ese cuerpo de agua.

El pasado 17 de noviembre, el entonces gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció reformas a la Ley Estatal del Agua para obligar a los ayuntamientos a que supervisen que las industrias instaladas en su territorio realicen descargas de aguas residuales tratadas.

Indicó que el Estado necesita mayor apoyo de los ayuntamientos, para lo cual — dijo— es necesario hacer mejoras legislativas para obligarlos a actuar, pues debido a la permisividad de autoridades municipales la industria textil desarrollo un funcionamiento anormal.

Además, mencionó que en la entidad hay alrededor de 10 mil empresas del sector textil, de las cuales 4 mil son irregulares.

En esa ocasión también se abrió la posibilidad de sumar a otras ramas de la industria a este convenio, pues las empresas textiles no son las únicas que arrojan sus desechos al Atoyac.

Durante 2022, el gobierno de Puebla realizó una inversión superior a los 30 millones de pesos para acciones en materia de saneamiento del Río Atoyac.

A fin de controlar y reducir la contaminación de los recursos hídricos en los sistemas de drenaje en el municipio de Puebla y el área conurbada, se realizaron 173 visitas de inspección a usuarios de giro comercial e industrial en procesos productivos y de transformación de bienes, para verificar que cumplieran con los parámetros y condiciones particulares de descarga.

Como resultado de ello, se impusieron multas por más de 55 millones de pesos por falta de permisos de descargas y por hacerlo fuera de la Norma Oficial Mexicana NOM-002-ECOL-1996, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal y por beneficiarse de los servicios sin autorización.

De manera complementaria se entregaron 140 permisos de descarga a nuevos usuarios y 397 renovaciones de permisos a usuarios que ya contaban con esta autorización en años anteriores.