Por Guadalupe Romero
A falta de políticas públicas orientadas a la población de ingresos medios y laborales, estos grupos están en riesgo de enfrentar condiciones de pobreza, señala en un informe especial el Consejo Nacional de Evaluación de la política de Desarrollo Social (Coneval).
En el análisis “La Política social en el contexto de la pandemia Covid-19 en México”, el organismo concluye que entre seis y 11 millones de personas corren el riesgo de no poder cubrir sus alimentos básicos, pues esta crisis amenaza los avances en materia de desarrollo social y afectará en mayor proporción a los grupos más vulnerables.
“Se impone la necesidad de ampliar y fortalecer las medidas emergentes de respuesta desplegadas a partir de los programas prioritarios, mejorar su capacidad operativa, asegurar que su focalización sea adecuada, así como considerar medidas adicionales de atención a quienes pierdan su fuente de ingreso como resultado de la contingencia y a sectores urbanos que están más expuestos.”
El análisis expone que México enfrenta esta crisis en condiciones de vulnerabilidad, con alta prevalencia de diabetes y enfermedades cardiovasculares, la precariedad laboral, problemas de acceso al agua y de hacinamiento que impiden la adopción generalizada de medidas preventivas y múltiples brechas de acceso a derechos sociales: salud, alimentación, educación, vivienda y seguridad social.
“La pandemia de COVID-19 nos enfrenta a la urgente necesidad de promover la construcción de un sistema de protección social que asegure la resiliencia y el avance progresivo de los derechos sociales en México.”
En este contexto, considerando la decisión del Gobierno federal, del pasado 23 de abril, de incluir a 19 programas y acciones de desarrollo social en el conjunto de 38 programas prioritarios para atender la crisis, el Coneval considera que para mitigar las afectaciones en la población en el corto plazo, entre otras cosas, debe apoyarse a las pymes, a través del subsidio parcial o total de las cuotas obrero-patronales que los empleadores deben asumir durante los meses de distanciamiento social.
Sugiere otorgar subsidios temporales en el costo de los servicios básicos de la vivienda, en particular para los primeros deciles de ingreso. Asegurar la adecuada operación de programas sociales que otorgan transferencias monetarias directas, así como considerar extender la cobertura de estos programas.
Otorgar despensas a familias beneficiarias de programas que otorgan servicios de alimentación en escuelas. La educación básica a distancia contempla habilidades y herramientas tecnológicas que ponen en desventaja a quienes forman parte de los hogares más pobres, lo cual puede profundizar la brecha educativa.
“Esto incluye movilizar recursos y afinar los instrumentos disponibles para asegurar que los programas y acciones prioritarios de desarrollo social logren llegar a quienes más lo necesitan; que la dispersión de recursos sea ágil, transparente y focalice a los grupos de población más afectados.”
Es necesario consolidar la protección social en pensiones estableciendo una pensión universal mínima de retiro y de invalidez para todos financiada con impuestos generales.
“Además, se considera necesario tener en cuenta los siguientes mecanismos para que existan medidas institucionalizadas de largo plazo que garanticen seguridad ante riesgos: Seguro de desempleo contributivo que no afecte las pensiones de retiro, con base en dos posibles modelos: el sistema de reparto y el sistema de cuentas individuales. Y renta básica ciudadana. Transferencia monetaria a la población como estrategia de inclusión.”
En dos posibles escenarios: uno en el que la caída generalizada del ingreso es de 5 por ciento, y otro con una reducción del ingreso pronunciada para los hogares en pobreza urbana.
En ambos el total de personas a las que no les alcanza para adquirir una canasta alimentaria, bienes y servicios básicos, se incrementará entre 7.2 y 7.9 por ciento, a entre 8.9 y 9.8 millones de mexicanos. Y los pobres por ingreso pueden pasar de 48.8 por ciento en 2018 a 56 o 56.7 por ciento en 2020.
La pobreza extrema por ingreso puede aumentar de entre 4.9 y 8.5 por ciento; es decir, entre 6.1 y 10.7 millones de personas. Así, la población en esta condición pasará de 16.8 por ciento en 2018 a 21.7 hasta 25.3 por ciento en 2020.
Ante las medidas de contingencia por el Covid-19, Coneval estima una tasa de desempleo de entre 3.3 y 5.3 por ciento en 2020, así como un incremento de entre 37.3 y 45.8 por ciento en la pobreza laboral en los primeros dos trimestres del año, lo que representará la cifra más alta desde 2005.