Constitucionalistas cuestionan juicio político contra la presidenta de la SCJN

Según Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y profesor de la UNAM, esta acción de Zaldívar parece ser un intento de contrarrestar la investigación que inició el Poder Judicial de la Federación (PJF) en su contra. Burgoa destacó que la postura de la ministra Piña, al admitir denuncias anónimas conforme a la regulación interna del Poder Judicial, es la correcta.

Por su parte, José María Soberanes Díez, profesor de Derecho Constitucional, describió el juicio como un golpe político-electoral. A su juicio, esta acción busca involucrar a la presidenta de la Corte y al Poder Judicial en la arena política, aprovechando el contexto de la campaña presidencial. Soberanes enfatizó que, aunque el juicio político está contemplado, carece de sustento y pruebas concretas. Asimismo, recordó que en la historia de México, ningún juicio político ha culminado en destitución desde 1917, y subrayó que Morena y sus aliados no tienen la mayoría calificada necesaria para llevar a cabo la destitución de Piña.

Ambos expertos coinciden en que, si bien la petición de juicio político tiene base constitucional, carece de argumentos sólidos para sustentar la responsabilidad de la ministra. La evaluación final recaerá en la interpretación de los diputados, pero hasta ahora, según ellos, no se han presentado pruebas contundentes que respalden la querella contra Norma Piña.

Foto por Cuarto Oscuro