Por Alejandra Olivera
El gobernador Miguel Barbosa Huerta confirmó que sí hay investigaciones contra su ex secretario de Trabajo (ST), Abelardo Cuéllar Delgado, a quien dijo no debe preocuparse si no cometió alguna ilegalidad.
En su habitual conferencia de prensa matutina, el mandatario refirió que hay investigaciones terminadas y avanzadas sobre el desempeño del ex funcionario que dejó su cargo a inicios del 2022.
Indicó que el propio Abelardo Cuéllar conoce las indagatorias en su contra y que ya impugnó una de las resoluciones que dio el Tribunal de Justicia Administrativa.
Comentó que cuando lo invitó a formar parte de su gabinete, lo hizo para que se desempeñará como funcionario honesto y no como abogado de los servidores públicos despedidos por la administración de Rafael Moreno Valle, procesos en los que podía haber influido.
“Lo invite a ser parte de un gobierno honesto, si el no cometió ninguna falta en el desempeño de sus funciones que no se preocupe (...) aquí no se perseguí a nadie, no se fabrican delitos”, expresó.
Dicho esto, aseguró que no volverá a hablar sobre el tema, pero dejó en claro que no iba a permitir que se deje de investigar el pago de millones de pesos en liquidaciones a trabajadores en las que pudo haber sido beneficiado.
El pasado 18 de mayo, cuando el titular del Poder Ejecutivo acusó a Abelardo Cuéllar de irregularidades y acuerdos con abogados para el pago de laudos a trabajadores despedidos durante la administración estatal morenovallista.
Acusó que en lo que va de su administración, se han pagado más de 230 millones de pesos en laudos, sin que nadie le pidiera autorización para ello.
Además, reconoció que había un descuido de la administración estatal en sus áreas jurídicas, las cuales estaban llenas de abogados incompetentes que perdieron muchos juicios y que se coludían con los defensores de los trabajadores.
En su defensa, Abelardo Cuéllar publicó un desplegado en el que señala que hay una campaña mediática en su contra que servirá para “justificar” ante la ciudadanía denuncias penales por delitos falsos o fabricados que pueden llevar a la privación de su libertad.
Foto: Especial