Concluye en sentencia sólo uno de cada 10 casos de trata de personas

Por: Mario Galeana

En los últimos ocho años, la Fiscalía General del Estado (FGE) sólo ha conseguido que una de cada 10 de investigaciones sobre trata de personas desemboque en sentencia condenatoria.

Desde enero de 2012 hasta el 30 octubre de 2019, en Puebla se iniciaron 431 carpetas de investigación y averiguaciones previas por el delito de trata, pero se dictaron apenas 47 sentencias condenatorias, entre el antiguo sistema de justicia penal acusatorio y el nuevo modelo oral.

La estadística judicial refleja que las instituciones de procuración y administración de justicia poseen un alto margen de error: en esos ocho años, los titulares de ocho juzgados penales absolvieron a 12 personas que habían sido imputadas por la Fiscalía por su presunta participación en redes de trata. Cinco de estas absoluciones fueron dictadas en el Juzgado Séptimo de lo Penal del estado de Puebla, que tuvo como titular al juez Miguel Ángel Hernández Jiménez hasta finales de octubre de 2018, cuando éste y dos juzgados más fueron cerrados por acuerdo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Los implicados en las redes de trata son sobre todo hombres en una edad que va de los 16 a los 52 años, según información oficial de la FGE obtenida a través de solicitudes de información. Entre 2016 y finales de 2019, las autoridades han imputado a 74 personas por su presunta participación en el delito de trata de personas.

De este grupo, 80 por ciento son hombres, 10 por ciento mujeres y el sexo del resto de las personas implicadas no fue registrado.

De manera inversa, las víctimas suelen ser mujeres. De 2011 a 2016, según el más reciente informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el tema, un total de 339 mujeres fueron rescatadas de redes abocadas, sobre todo, a la prostitución forzada.

De acuerdo con datos de la FGE, el 98.6 por ciento de los casos de trata de personas corresponde a la modalidad de explotación sexual.

Tres casos eran referentes a pornografía infantil, uno más por mendicidad, otro por explotación laboral, y el último, por trabajos forzados.

“De entre todas las modalidades de trata de personas, la más visible es la explotación sexual. Las víctimas son casi siempre mujeres. Por eso, la política de prevención de este delito debe estar basada en una perspectiva de género”, considera Mitzi Cuadra, directora de Prevención del Delito y Vinculación social de la Asociación Nacional contra la Trata Humana en la Sociedad (ANTHUS).

La especialista sostiene que una buena política de prevención frente a la trata de personas es limitar la prostitución, pues ésta se ejerce entre la ambigüedad de la explotación sexual y la voluntad de las trabajadoras sexuales.

“La mayoría de quienes consumen servicios sexuales comerciales son varones y la mayoría de las personas que ofrecen estos servicios son mujeres. Hay una clara cuestión de asimetría de poder sobre quién puede consumir y quién tiene que vender. Hay una base de género que debemos analizar”, detalla.

POCOS RECURSOS PARA UN GRAN PROBLEMA

La información oficial refleja un vacío durante los años en que se iniciaron más investigaciones por trata. La Fiscalía de Puebla no cuenta con un registro sobre el número, sexo y edad de los implicados en este delito durante 2012 a 2015, periodo que agrupa el 86 por ciento de las averiguaciones iniciadas en los últimos ocho años.

Desde entonces, las denuncias y carpetas de investigación relacionadas con este delito se han desplomado de manera súbita. En 2015, la FGE inició 93 averiguaciones previas. Pero un año después sólo se registraron 18 carpetas de investigación. En 2017, se mantuvieron 18 carpetas; en 2018, sólo 11; y para finales de octubre de 2019, apenas 13.

Para algunos investigadores, esta caí- da en el número de investigaciones por trata de personas no se explica sólo en el cambio del sistema de justicia penal, sino más bien en un posible intento por maquillar la gravedad de este delito en el estado.

“Existe, de alguna forma, una tendencia a bajar los números sobre estas graves violaciones de derechos humanos que han ubicado a Puebla en los primeros lugares a nivel nacional”, sostiene Rosario Arrambide González, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría.

“Y esto no sólo pasa en materia de trata de personas, sino también en feminicidios y otras graves violaciones a derechos humanos. Hay una tendencia a bajar los números en cuanto a averiguaciones previas porque anula esta idea que se tenía de una ‘Puebla segura’”, completa.

Arrambide González considera que la ausencia de una estrategia internacional contra este delito en el país —como lo fue la Campaña Corazón Azul, impulsada por la ONU— también ha impactado en la voluntad institucional para tratar de enfrentar la trata de personas.

“Hasta el año 2013, algo que tuvo mucha incidencia fue esa campaña que implicó que las procuradurías de distintos estados llevaran a cabo operativos para la recuperación de las víctimas, pero también que empezaran a revelar sus bases de datos, sus números, y a formar comisiones interinstitucionales. Me parece que esto ha dejado de tener el impacto que tuvo en su momento”, abunda.

El alto grado de impunidad que prevalece aun con la súbita reducción de carpetas de investigación puede tener origen en la falta de recursos que la Fiscalía de Puebla dispone para investigar los casos de trata de personas.

En el Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas en México 2019, presentado por CNDH se reveló que la Unidad de Investigación Especializada en Trata de Personas de la FGE sólo contaba con tres agentes.

El informe exhibió que dicha Unidad carecía de personas encargadas de atención a las víctimas y testigos, de elementos de seguridad pública asignados exclusivamente a la atención de este delito.

“Esto nos habla de un sistema deficiente”, concluye Arrambide González. “Frente a todo esto deberían efectivizarse al máximo los recursos disponibles para garantizar el acceso a la verdad y reparar el daño a las víctimas. Pero, en general, hay una gran carencia institucional para hacer frente a las graves violaciones de derechos humanos que estamos viviendo en Puebla”.