Cemex incumple promesa de impulso al “triángulo de oro”

El deterioro ambiental ocasionado por la producción de cemento, la negativa de pago de impuestos municipales y la falta de empleos fijos para la población en Cuautinchán mantienen vivo el conflicto entre la transnacional y el Ayuntamiento.

Por Guadalupe Juárez

Cuando la planta de Cementos Mexicanos (Cemex) se asentó en los límites entre Cuautinchán, Tecali y Tepeaca —conocidos como el triángulo de oro por sus conventos coloniales— hizo una promesa, la de “ayudar” a la población a su llegada.

Pero a 28 años, no sólo no ha contribuido a detonar la economía local, ni ofrecer empleos de planta a los habitantes donde se ha extendido, también se rehúsa a pagar impuestos locales, ocupa extensiones de tierra que no le han autorizado y ocasiona daños al medio ambiente, todo, mientras convierte los cerros en cemento.

Al día, en la planta se producen hasta 10 mil toneladas de cemento, en unos meses serán 24 mil toneladas, cuando se habilite por completo el segundo horno.

Sin embargo, al menos en Cuautinchán, ninguno de sus habitantes trabaja de forma directa con la empresa, las contrataciones se hacen a través de empresas outsourcing que alejan de un beneficio económico directo a la población, además de que su ampliación ha ocasionado un conflicto territorial entre los tres municipios donde se instaló.

La empresa apenas paga un predial de 9 mil 220 pesos al año por el uso de 850 hectáreas, cuando ya ocupa mil 400 hectáreas de su demarcación, acusó el presidente municipal de Cuautinchán, Raúl Babines Pérez, en entrevista con ContraRéplica Puebla.

La negativa de pagar uso de suelo y por los permisos de construcción del horno 'nuevo, ocasionó que el Ayuntamiento clausurará la planta de forma parcial en noviembre del año pasado que detonó un conflicto con la empresa y obligó a los tres municipios, el gobierno de estado y Cemex a entablar mesas de diálogo que se han frenado por la pandemia.

A decir del munícipe, la empresa ni siquiera conoce cuántas hectáreas le corresponden y en qué municipios, por lo que es necesario un estudio topográfico que permita a los ayuntamientos saber qué tipo de impuesto predial se adecua a la actividad actual del lugar y su crecimiento, ya que aun pagan como una zona rústica, a pesar de que la mayor parte de la planta se ubica en Cuautinchán, y en otros sitios, tendría que pagar como una zona industrial, monto más elevado.

Por otra parte, se niega a pagar un nuevo permiso de uso de suelo que hizo en 2007, pero que al no rendir cuentas de si se expandieron sus obras con el paso de los años —al inaugurar un segundo horno en próximos meses— las autoridades municipales piden un pago que justifiquen las nuevas intervenciones que realizan en el predio.

“Hay un plano que ellos hacen en 1999; hacen otro pago de 2 mil metros y tenemos un pago y se lo respetamos, el cambio de uso de suelo y todo y no les cobraron ningún peso; en 2007 vienen y pagan una ampliación del horno, y ya de ahí nos dicen este procedimiento, se lo hacemos valido, les respetamos el pago, este pago ampara este terreno. Ahora le falta pagar el resto del terreno que ocupa la empresa”, asevera el presidente municipal de Cuautinchán.

Según el edil, han notado que poco a poco la planta se ha extendido del predio que tienen autorizado para sus actividades, mismo que no ha notificado al municipio y del que mucho menos pagan los impuestos que corresponden.

La empresa anunció con bombo y platillo, en diciembre de 2014, la construcción de su segundo horno, con una inversión de 650 millones de dólares, un aproximado de 14 mil millones de pesos. En el comunicado oficial, reconocen que en 2008 ya habían destinado 450 millones de dólares en la primera etapa del proyecto, un estimado de 10 mil millones de pesos.

En la ceremonia donde anunciaron la inversión, se encontraban el entonces presidente del Consejo de Administración de Cemex, Rogelio Zambrano Lozano, el secretario de Economía federal del sexenio de Enrique Peña Nieto, Ildefonso Guajardo Villarreal, el exgobernador Rafael Moreno Valle, y el exedil de Cuautinchán, Amelio Flores Sánchez.

“Tepeaca se convertirá en una planta emblemática en nuestra industria, utilizando la más avanzada tecnología, fijando estándares de desempeño en calidad, eficiencia, seguridad y medio ambiente”, prometió Zambrano Lozano, nieto de uno de los fundadores de Cemex.

En aquella ocasión, la empresa prometió mil 500 empleos durante la construcción, 150 directos y 240 indirectos cuando iniciara la producción.

El actual edil de Cuautinchán asegura que se han acercado a la firma para que los apoyen y guíen en los requisitos para que los lugares de trabajo sean para los pobladores del municipio, pero se han

encontrado con el esquema de subcontratación con otras empresas, por lo que ya no depende de Cemex.

CUAUTINCHÁN, OLVIDADO

El municipio de Cuautinchán se ubica a menos de una hora de la capital poblana, pero a decir del edil, se ha quedado “alejado de la realidad”. Entre la lucha como gobierno municipal de dotar de servicios básicos a su población, el adoquinamiento de las calles, la empresa no ha traído consigo la prosperidad esperada y, en cambio, se ha llevado trozo por trozo de sus cerros sin cumplir con sus obligaciones, ni siquiera como “empresa socialmente responsable”.

De acuerdo con la última medición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en la demarcación ocho de cada 10 habitantes son pobres y dos de cada 10 están en condiciones de pobreza extrema.

El 30 por ciento de las escuelas ubicadas en Cuautinchán carecen de drenaje y conexión a agua potable, 47 por ciento de los inmuebles no han sido rehabilitados ni remodelados, además de que 87 por ciento de las canchas deportivas no se encuentran techadas. El 31 por ciento de los planteles educativos tampoco cuenta con una barda perimetral o tiene estructuras incompletas. En otras palabras, el cemento que se produce en su región no es visible para la calidad de vida de sus habitantes.

La promesa de que Cemex quedó asentada en un acta de Cabildo en 1992, cuando el entonces presidente municipal Benjamín Torija Soto condonó los impuestos a la transnacional a cambio de que se comprometiera a ayudar a la comunidad cuando se necesitara.

“En un acta de cabildo los exonera de todos los pagos de aquel entonces y él les dice que la empresa los va ayudar cuando los necesite, con caminos, para abrir una brecha con cemento”, explicó el edil.

La ayuda se ha traducido a la donación de algunos bultos de cemento, pero que si cumplieran con los impuestos que se han generado con su ampliación beneficiaría en la construcción de una carretera, de una unidad deportiva, en seguridad, salud y la preservación del medio ambiente.

“El cerro de nuestro municipio lo está transformando en cemento, ahí sí como que ya no va a estar y tengo dos ríos que me gustaría rescatar, son de agua limpia, están preciosos y unos paisajes que puedes venir a visitar, eso es lo que nos gustaría ver y hay cosas que nos ayudarían, el tema de educación, de salud, de seguridad y que sí cambiaría, y si la empresa hubiese ayudado a nuestro municipio esto sería diferente”, lamenta Babines Pérez.

A LA ESPERA DE RESOLVER EL CONFLICTO

En noviembre del año pasado, el gobernador Miguel Barbosa Huerta intervino en el conflicto y fue quien instaló las mesas de diálogo, donde la Secretaría de Gobernación ha fungido como mediadora, sin embargo, las pláticas se frenaron cuando la pandemia de Covid-19 se extendió en la entidad.

La empresa ha insistido en que los ayuntamientos buscan cobrar impuestos que ya paga a la Federación y justifica que se trata de un conflicto territorial, mientras que los municipios arguyen que Cemex ha desestimado a sus gobiernos escudado en el “monstruo” internacional que se ha convertido y que amaga con cambiarse de ubicación.

Entre las principales peticiones del Ayuntamiento de Cuautinchán a la empresa, se encuentra que se regularicen con los impuestos que pagan, además de que cumpla con los proyectos de responsabilidad social con los cuales se habían comprometido desde su llegada al municipio, entre los que se encuentra mitigar el daño ecológico que pudiera provocar su instalación en la región.