Nación
Claudia Bolaños
Durante su mandato como gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca destinó recursos públicos por un monto superior a 46 millones de pesos a los despachos de los abogados Javier Coello Trejo y Roberto Gil Zuarth, quienes actualmente encabezan su defensa legal.
De acuerdo con documentos oficiales obtenidos a través de solicitudes en la Plataforma Nacional de Transparencia, entre 2016 y 2021 se realizaron pagos por asesorías jurídicas y servicios de consultoría legal, sin que existan pruebas documentales claras sobre la prestación de dichos servicios.
El despacho “Coello Trejo y Asociados” facturó al gobierno estatal 14.4 millones de pesos entre abril de 2018 y noviembre de 2019. Los conceptos registrados fueron asesoría jurídica en mejoras, fortalecimiento institucional y protocolo jurídico.
Por su parte, el despacho “Accuracy Legal and Consulting”, vinculado a Roberto Gil Zuarth, recibió 31.9 millones de pesos entre noviembre de 2019 y marzo de 2021. Los pagos se justificaron como servicios relacionados con controversias gubernamentales, juicios de amparo y asesoría jurídica a entidades estatales.
Fuentes cercanas al exmandatario indicaron que estos pagos habrían sido utilizados como adelanto para financiar la defensa personal de García Cabeza de Vaca ante las investigaciones por presuntos delitos de corrupción, delincuencia organizada, lavado de dinero y desvío de recursos públicos.
El exgobernador se encuentra actualmente prófugo de la justicia, luego de que la Fiscalía General de la República girara órdenes de aprehensión en su contra. También enfrenta señalamientos por la presunta utilización de una red de protección judicial mediante la promoción de amparos y recursos legales.
Los contratos con ambos despachos habrían sido asignados durante su gestión con recursos del erario tamaulipeco, en un contexto donde otros exfuncionarios de su administración también han sido denunciados por irregularidades financieras.