Por Vera Fernández
El Congreso de Puebla se convirtió en uno de los primeros del país en ratificar el "Plan B" de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La reforma constitucional, que redefine la austeridad en los ayuntamientos y órganos electorales, impactará directamente la estructura política de la capital poblana a partir del próximo año electoral.
Con una votación mayoritaria de 34 votos a favor de Morena y sus aliados, contra 6 en contra del bloque opositor, el Pleno del Congreso local aprobó las reformas a la Constitución Política de México.
Este paquete legislativo impone un nuevo tope de gastos para los Poderes Legislativos y una poda significativa a los Cabildos de todo México.
La modificación más relevante para la política local será la reducción de los cuerpos de regidores. La reforma establece que ningún ayuntamiento podrá exceder los 15 integrantes.
Con ello, el Ayuntamiento de Puebla pasará de tener 23 regidores a solo 15 a partir de las elecciones de 2027.
El mínimo de regidurías permitido será de siete, permitiendo que los municipios que tienen menos del número, puedan aumentarlos.
El "Plan B" también incide en el gasto de los diputados y la remuneración de los árbitros electorales.
Todos los Congresos locales del país solo podrán recibir un máximo del 0.7 por ciento del presupuesto anual del estado.
Actualmente, el Legislativo poblano opera con el 0.2 por ciento, por lo que queda impedido para solicitar aumentos sustanciales en el futuro.
Además, ningún magistrado del Tribunal Electoral del Estado (TEEP) ni consejero del Instituto Electoral del Estado (IEE) podrá percibir un salario mayor al de la presidenta de México.
A la par, queda prohibida la contratación de seguros de gastos médicos mayores, pensiones doradas o cajas de ahorro especiales con recursos públicos.
Las bancadas del PAN y el PRI votaron en bloque contra el dictamen, señalando que la reforma es un retroceso democrático:
La priista Delfina Pozos Vergara acusó que al reducir las regidurías se busca eliminar los contrapesos y la representación de las minorías en los municipios.
Mientras que la panista Susana Riestra criticó que el "Plan B" se enfoque en la austeridad administrativa pero ignore el problema de la injerencia del crimen organizado en las elecciones, que consideró la verdadera amenaza democrática.
Puebla se colocó dentro del "top 10" de estados que avalaron la minuta enviada desde San Lázaro, logrando la aprobación en el Pleno apenas horas después de que los diputados federales hicieran lo propio durante la madrugada de este jueves.