Por Alejandra Olivera
Antes que pagar 600 millones de pesos a la empresa Melgarejo Construcciones y Concesiones que me encarcelen, aseveró el gobernador Alejandro Armenta Mier al rehusarse a cubrir la indemnización que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Gobierno de Puebla hacer a dicha empresa.
En entrevista, el mandatario fue contundente al sostener que el Estado no está en la disposición de pagar dicha cantidad millonaria a una empresa por una obra que nunca se realizó.
Por ello, calificó como una “injusticia” y una “extralimitación” la decisión que la Corte emitió en junio de 2024 y enfatizó que hay complicidad de ministros del viejo régimen con empresas a las que protege y dañan el bien público.
“Es un acto abusivo, es una extralimitación del Poder Judicial de la Federación, a través de la Corte, a esa complicidad se refería el presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora la doctora Claudia Sheinbaum, cuando Poder Judicial servía a los intereses económicos para dañar al pueblo”, declaró.
En dicha resolución, se ordenó al Gobierno de Puebla indemnizar a la empresa Melgarejo Construcción y pagarle el monto total de la inversión que realizó para el proyecto “Libramiento Poniente”, es decir –640 millones de pesos-- más el rendimiento convenido en el título de concesión y los accesorios que por ley correspondían.
Aunque en su momento, el exgobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina indicó agotaría las alternativas legales para evitar el pago, este seguiría firme según la declaración de Armenta Mier, quien sentenció que no lo permitirá y que actuará con apego a la Ley.
Alejandro Armenta refirió que la empresa alega la supuesta inversión en 2009 de 60 millones de pesos en presuntos pagos de derecho de vía, pero “no hay ni un metro cuadrado de construcción ni un solo inicio de obra”.
Y es que, el proyecto fue cancelado en 2012 por la administración de Rafael Moreno Valle, pues la obra llevaba más de tres años detenida por la falta de liberación del derecho de vía; y al final del sexenio otorgó la obra a Pinfra.
“El Gobierno del Estado no va a pagar, antes que me encarcelen a que yo pague 600 millones de pesos por algo que el gobierno no debe. Es un acto abusivo, es una extralimitación del Poder Judicial”, asestó.