Aprobación del Plan B, limitará excesos de autoridades electorales: Barbosa

El gobernador Miguel Barbosa Huerta manifestó que la aprobación de reformas en diversas leyes secundarias del sistema electoral, en el llamado Plan B, servirá para limitar los excesos que se cometen autoridades electorales.

Barbosa Huerta criticó que la noche del martes la Cámara de Diputados haya pasado directamente a la discusión de la Reforma Electoral, sin los trámites previos y fuera del dictamen de comisiones.

Indicó que las modificaciones a las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales; de Partidos Políticos y Orgánica del Poder Judicial; así como la expedición de la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, son reformas “pequeñas”, porque las profundas requieren un cambio constitucional.

No obstante, dijo que servirán “para que los excesos que se cometen desde el INE se limiten”, además señaló que los consejeros electorales como —Lorenzo Córdova Vianello y Ciro Murayama Rendón— tomaron una posición de rivalidad contra el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Enfatizó que a las instituciones hay que cuidarlas y protegerlas, pero no se debe permitir que se deformen, por ello consideró que el Instituto Nacional Electoral (INE) requiere una transformación, pues antes del 2018 dejó que la alternancia del poder se jugara a partir de los intereses y ahora tiene una visión de preservar el estado de las cosas.

“Ese tipo de instituciones acaban volviéndose a una visión de preservar el estatus quo, y siempre se vuelven instituciones de derecha, no comprometidas con una vocación democrática (…) por eso necesita transformarse el sistema electoral, a las instituciones, que no es atentar contra ellas”, acotó.

Por lo anterior, aseveró que se tiene que modificar de forma urgente los procedimientos de integración de los órganos del Estado Mexicano, pues —en este caso— los consejeros y magistrados electorales no pueden seguir siendo designados en el cargo por cuotas partidarias, ya que son controlados por los “grandes abogados” si se trata de justicia electoral y por los grupos de interés político si se trata de procesos electorales.