Anatomía de la Derrota (Análisis Clínico)

Columnas miércoles 21 de julio de 2021 - 18:18

Perder las elecciones fue una mala idea.

Ni el gurú Jodorowsky lo leyó en su tarot egipcio.

Ninguno de los asesores supo ver la catástrofe.

David Rivera Vivanco —quien se siente el Che Guevara y apenas llega a ser el Che Gordo— no vislumbró señal alguna en su Havana 7 años.

En consecuencia: no previno a su hermana Claudia.

Perder las elecciones es como perder tres años de presupuestos millonarios.

Dinero público.

Y más: escoltas, Suburban prietas, cenas y comidas a costa del erario, viajes pagados, hoteles, suites, retiros cósmicos y espirituales, moches por la obra pública, moches por las adjudicaciones, moches por las licitaciones, moches por todo.

Ufff.

La extraordinary life.

La vida que soñó una princesa del Palacio de Hierro.

Perder las elecciones, sí, fue una pésima idea.

Y es que eso destruye todo:

Su aspiracionismo clase media, la utopía de un penthouse con un óleo del Che Guevara en una sala diseñada por Goo Arquitectos, la ropa de marca camuflada en ropa 4T, el tren rápido hacia la gubernatura en 2024, el roce social, el roce estético, el roce…

Simplemente el roce.

Perder las elecciones, sí, fue una muy mala, pésima, estúpida idea.

De ahí, pues, el mal humor, la venganza como plato caliente, la ambición desbordada con los recursos que quedan, y esas ganas extrañas de salir corriendo.

¡Coño, Micky! Felix Edmundo Bautista Salazar, cuestionado representante de la Fundación Mary Street Jenkins, solicitó que se hagan efectivas la suspensión provisional y la entrega de las instalaciones de la Universidad de Las Américas-Puebla (UDLAP), pero le fue negada la petición, pues el Juzgado 4 de Distrito de Puebla se encuentra imposibilitado para ordenar tal cosa.

Únicamente se podrá realizar esta acción por conducto de la autoridad que decretó las medidas cautelares que constituyen el acto reclamado.

No se celebró la audiencia incidental porque en el expediente no obran acuses de notificación a las autoridades ni informes previos.

La audiencia, pues, fue diferida para el 6 de agosto.

Derbez y sus abogados no le pegan ni al mundo.

Una Trama de Terror. La siguiente carta me la envió una persona que denunció ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) a una institución educativa.

Por cierto: al interior de esa institución conocen el nombre de dicha persona.

Es cuanto.

Por este medio expongo a usted mi caso de despido injustificado por parte del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey Campus Puebla.

Si bien he procedido legalmente por medio de una demanda laboral y además he interpuesto una queja por discriminación ante el CONAPRED, la justicia es lenta y me preocupa la situación de vulnerabilidad en que este tipo de despidos nos deja a las mujeres aun a pesar de las leyes existentes.

El 28 de enero de 2019, a mi regreso de incapacidad por embarazo y vacaciones de invierno, se me cita en el Tec para solicitarme la renuncia inmediata y se me acusa de varias cosas, de las cuales no se me llevan pruebas y se me ofrece un cheque por $30,000 (treinta mil pesos) luego de 10 años de trabajo en la institución y con evaluaciones de sobresaliente.

Necesito que usted tenga un panorama de lo que una institución privada puede hacer para que pueda ayudar desde el ámbito legislativo a las mujeres.

Durante el transcurso de mi embarazo viví episodios de violencia laboral incesante por parte del ciudadano italiano Marco Lampugnani, mi jefe directo; Patricia Torres Sánchez, decana de la EAAD y Federico Hess, Director de Diseño Industrial del Instituto.

Las áreas en que se manifestó esta violencia fueron:

1.Limitación de las posibilidades de comunicación: Marco Lampugnani me prohibió hablar con el personal de la Escuela de Arquitectura, con los directivos del Tec y con externos.

2.Ataques a la reputación: calumnias varias.

3.Ataques a la calidad profesional y situación vital: Federico Hess amenazó con reducirme el sueldo, estando embarazada, si no cumplía sus expectativas (subjetivas) y denigró mi formación profesional con doctorado por no ser yo diseñadora como ellos.

4.Ataques directos a la salud: Patricia Torres me insistió 3 veces en que tomara vino para acompañarla con una botella el mismo día que le manifesté estar embarazada.

5.Conductas humillantes: mientras estaba embarazada citaron a una docena de guardias y personal a mi cargo para pedirles testimonios de mis “malos tratos”. Cabe señalar que nunca me pidieron mi testimonio y a la fecha no me han podido demostrar las quejas de mis subalternos.

6.Denegación de derechos:

Exigieron aprobar gastos de mi personal mientras estaba de incapacidad por embarazo y también en ese lapso me exigieron dar acceso a mis archivos en línea a mi jefe.

Me otorgaron más carga laboral durante el embarazo (comprobaciones de gastos), estando embarazada realicé actividades laborales en viernes a las 11:00 pm sin recibir ayuda de la universidad.

Me negaron la prestación institucional BENEFLEX (home office después de dar a luz)

Me despidieron en periodo de lactancia

Me negaron el uso de la sala de lactancia para lactar argumentando que son solo para extracción de leche materna.

De mis afirmaciones, he aportado las pruebas a la Junta de Conciliación y Arbitraje. Lo increíble de este caso no es solo la lentitud de la impartición de justicia, pues somos muchos los despedidos en este país; lo inconcebible es que esta institución, el Tec de Monterrey, goza del privilegio de asentarse sobre una reserva ecológica que el gobierno del Estado le presta para operar como donataria. Mi pregunta es ¿por qué un negocio privado, que violenta la ley y los derechos humanos puede tener un terreno sin pagar renta?

Es por esto que pido su intervención para que la institución rinda cuentas. No omito mencionar, que ya la Secretaría del Trabajo de Puebla y CONAPRED han venido pidiendo respuestas a la institución, misma que prefiere no contestar ni pagar una liquidación diga de una persona que laboró diez años, con calificación sobresaliente.