Admiten que pozos de agua de Comuna los operan particulares

La regidora Rosa Márquez exhortó a la administración riverista a resolver la privatización del agua.

Por Osvaldo Valencia

La dilación en el pago de 2 millones de pesos para reactivar el servicio de luz que dejó sin agua a casi 400 mil habitantes de cuatro juntas auxiliares reveló otro problema más grave: la omisión del gobierno de Claudia Rivera Vivanco para regular la operación y servicio de 42 pozos de agua propiedad del Ayuntamiento de Puebla y que en la actualidad se encuentran bajo el control de particulares, a través de personas físicas, morales y asociaciones civiles.

Esta omisión de la gestión riverista evidencia una contradicción: Mientras Claudia Rivera y su secretario de Gobernación municipal, René Sánchez Galindo, tomaron como bandera política atacar la concesión otorgada a la empresa Agua de Puebla para Todos, ambos no hicieron nada para cumplir con la reforma de 2013 a la Ley Estatal de Agua que condiciona la prestación del servicio sólo a cuatro entes: Los sistemas operadores de los servicios de agua potable y alcantarillado de Puebla, la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, los Ayuntamientos y prestadores de servicios.

La gravedad del caso es tal que hay pozos cuyas cuentas de energía eléctrica se encuentran a nombre de personas que nadie conoce e incluso a título de Comités de Agua, pese a que su existencia es ilegal.

Los casos que ejemplifican la omisión en la regulación de este servicio son las juntas auxiliares de La Resurrección y San Sebastián de Aparicio. En La Resurrección, de acuerdo con la información recabada por la Secretaría de Gobernación, los pozos de agua se encuentran administrados por Pozo de Agua La Resurrección 1, Pozo 2 de Agua La Resurrección, y Pozo 3 de Agua Potable Resurre, sin esclarecer a nombre de quien están.

En el caso de la junta auxiliar de San Sebastián de Aparicio, la administración del pozo está suscrito para la asociación civil Sistema Independiente de Agua Potable de la Junta Auxiliar de San Sebastián de Aparicio.

Incluso, otra junta auxiliar que pidió el pago de su deuda de luz intentó solicitar recursos para liquidar los pasivos de energía en las instalaciones del Palacio Auxiliar.

El síndico Gonzalo Castillo Pérez explicó que pese a que hace más de 30 días el Cabildo instruyó el pago de los adeudos, la dilación se debió a que una junta auxiliar no había entregada información y otras tres exhibieron documentos que hacían imposible el pago directo debido a que no tienen ninguna personalidad jurídica. En 2013, abundó, se reformó la Ley Estatal de Agua y desapareció los comités de agua potable.

Con la supresión de esta figura jurídica, las únicas autoridades que pueden gestionar y operar el servicio del agua son los ayuntamientos, la Comisión Estatal del Agua, los organismos operadores y los prestadores del servicio, por lo que, al ser administrados por particulares, el gobierno municipal no puede coadyuvar en el pago de la deuda.

“Desde el punto de vista jurídico, se detecta que los recibos de luz están a nombre de personas que no son las que jurídicamente pudieran representar a la junta auxiliar, es decir, tendría que verse la forma o el estudio desde otro punto de vista para poder llegar a la resolución”, manifestó Castillo Pérez.

El titular de la Sindicatura reconoció que a lo largo de las administraciones se han perpetrado casos de fraude en los comités de agua con el manejo de los pozos de agua, pues se continuó con el cobro de este servicio, pero no se realizaba el pago correspondiente y se terminaron llevando el dinero aportado.

La regidora de Morena Rosa Márquez exhortó al Ayuntamiento a resolver el problema de la privatización del agua desde su competencia con la regulación, manejo, organización y coordinación de los comités, así como la realización de modificaciones legales al Código Reglamentario Municipal.

En la sesión de Cabildo en donde se discutió el punto, los regidores autorizaron el pago de los adeudos de energía eléctrica de los pozos de Aparicio, La Resurrección, Xochimehuacán y Totimehuacán, pero se hará a través del capítulo 4000, que incluye transferencias, subsidios y ayudas, según la Ley de Egresos Municipal. La urgencia también se debe a que la Comuna debe generar las condiciones para el cumplimiento de las recomendaciones sanitarias ante la pandemia.