A once años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, persiste la exigencia de verdad y justicia

La desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrida entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, sigue siendo una herida abierta en México. Tras más de una década, no se ha esclarecido el paradero de los jóvenes y prevalece la falta de verdad y justicia.

El Estado mexicano aún no ofrece una respuesta clara a las madres y padres de las víctimas, quienes mantienen una exigencia firme y constante. Su consigna se ha convertido en bandera de múltiples manifestaciones: “vivos se los llevaron, vivos los queremos”.

En los primeros meses tras la desaparición, el gobierno federal de entonces intentó cerrar el caso con la llamada “verdad histórica”, basada en la versión de que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula. Hoy esa narrativa está desacreditada, mientras el ex procurador Jesús Murillo Karam enfrenta proceso judicial en prisión domiciliaria y Tomás Zerón permanece prófugo en Israel. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) desmontó dicha versión con investigaciones y pruebas sólidas, aunque fue removido en medio de sus primeras revelaciones.

La creación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), durante el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, representó un momento de esperanza para los familiares. Alejandro Encinas fue designado como presidente de la comisión y se reincorporó el GIEI a las pesquisas, lo que permitió retomar las indagatorias.

Un punto clave se dio con la presentación del sexto y último informe del GIEI, el 25 de julio de 2023. En este documento, los expertos revelaron con contundencia la participación del Ejército en los hechos, al señalar que no solo tuvo conocimiento en tiempo real de lo que sucedía, sino que también intervino directamente, en complicidad con integrantes del crimen organizado. Además, evidenciaron que el Ejército retuvo información crucial, incluyendo 800 folios que nunca fueron entregados pese a las instrucciones presidenciales.

Las conclusiones del GIEI, sumadas a la declaración de Alejandro Encinas al reconocer que se trataba de un crimen de Estado, marcaron un quiebre en la investigación. Posteriormente, se produjeron cambios en la Fiscalía especial y en la propia Covaj, mientras los expertos internacionales se retiraban de manera definitiva.

El entonces presidente López Obrador asumió directamente la conducción del caso y, en julio de 2024, presentó un informe dirigido únicamente a los familiares de los normalistas, en el que descartó la participación del Ejército y cuestionó tanto al GIEI como a organismos internacionales como la ONU, la OEA y agencias del gobierno estadounidense.

Con la llegada de Claudia Sheinbaum a la Presidencia, se abrió un canal de comunicación más estable con los familiares, quienes escucharon compromisos sobre nuevas líneas de investigación, algunas con eventual apoyo de expertos de la ONU, aunque no del GIEI. Sin embargo, en el aniversario número once de la desaparición, la incertidumbre persiste y los padres de los 43 estudiantes continúan sin encontrar señales de verdad ni justicia.