Por Vera Fernández
La presidenta del Instituto Electoral del Estado (IEE), Blanca Yassahara Cruz García, minimizó las solicitudes que promovieron políticos de oposición para destituir de sus cargos a los integrantes del Consejo General por presuntas irregularidades en su desempeño.
En entrevista, la consejera presidenta consideró que ese tipo de procedimientos son “normales” en cada proceso electoral, pues los partidos políticos inconformes tienen derecho a iniciar procedimientos administrativos si así lo consideran pertinente.
Apuntó que como servidores públicos, las siete consejeras y consejeros del IEE están obligados a cumplir las normativas electorales que los rigen, además de que están siendo evaluados en todo momento por parte de la sociedad civil e instituciones partidistas.
“Sabemos que esto es natural, somos servidores públicos, estamos obligados a conducirnos bajo el marco normativo y sabemos que estamos siendo evaluados en todo momento”, comentó.
Sobre los señalamientos efectuados por excandidatos del PAN, PRI y PRD que los acusaron por omisión en la entrega de resultados de la elección del 2 de junio y por anomalías en su actuar, indicó que no existen tales irregularidades.
Cruz García defendió el trabajo que realizó el Organismo Público Local Electoral (OPLE) para la organización y desarrollo del proceso electoral, además de que cumplieron con las solicitudes de publicación de resultados conforme a la carga de trabajo se los permitió.
“Nuestro balance es positivo, por supuesto que siempre habrá áreas de mejora, pero consideramos que entregamos buenos resultados y los resultados están ahí a la vista de todos”, expresó.
Precisó que hasta el momento no han sido notificados sobre las solicitudes de remoción que presentaron Roxana Luna, Marco Antonio Valencia y Mario Riestra, excandidatos de oposición a las alcaldías de San Pedro Cholula, Venustiano Carranza y Puebla, respectivamente.
En ese sentido, detalló que el Instituto Nacional Electoral (INE), a través de la Unidad de lo Contencioso Electoral, primero tendrá que determinar si existen argumentos válidos para admitir las solicitudes y posteriormente, les notificará a los consejeros poblanos para otorgarles derecho de audiencia.